El joven que le dio una bofetada  a un agente de la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet), después de producirse una discusión por asuntos de tránsito, logró su puesta en libertad, luego de cuatro meses y 25 días en prisión.

La decisión fue adoptada por el magistrado Joselín Medina, del Juzgado de la Instrucción, quien hizo un claro cuestionamiento al Ministerio Público por la acusación presentada contra el imputado Tomás David Féliz Pineda por la agresión a Marvin Cuevas Minyetty, raso de la Policía Nacional, adscrito a la Amet.

El magistrado Medina expuso en su dictamen que la Fiscalía, representada en la audiencia por la fiscal Yokasta R. Báez, no observó que la Ley de Armas 631/16, es de acción pública y que, por lo tanto, corresponde al Ministerio Público llevar la acción no el actor civil.

El joven Féliz Pineda, defendido por los abogados Juan Pablo González y Eusebio Rocha, fue favorecido con la medida, luego que el fiscal Montero Batista solicitó una acusación, consignada en los artículos 230 y 231, del Código Penal, que dispone privación de libertad de un imputado de 1 a 6 meses.

Sin embargo, debido a que el joven tiene casi cinco meses en prisión y evitar que el imputado obtenga su libertad a pena cumplida, el magistrado Medina dispuso su libertad, pero deberá presentarse a la audiencia preliminar, fijada para el 26 de octubre por dicho juez.

Dispuso, además, que el joven  se presente los lunes de cada semana por el Ministerio Público.

También los abogados

Los abogados del raso de la Amet cuestionaron la decisión de la fiscalía porque no tomó en cuenta la Ley de Armas 631/16, que en su artículo 79, señala la exhibición de armas de fuego en la vía pública.

Hugo Francisco Gómez Pérez (Cadete) y Alcides Moisés Acosta Peña, señalaron, además, que el artículo 88, párrafo 2, numeral 2, castiga la exhibición de armas en lugares públicos.

Sin embargo, los abogados querellantes contra el joven, quien ganó 10 millones de pesos en la loto y finalmente le fueron entregados 7.5 millones, dijeron que por tratarse de un hecho de instancia pública ellos como abogados del agente de Amet no podían solicitar la aplicación como lo indica la Ley de Armas.