Banco Central.

SANTO DOMINGO. La Junta Monetaria autoriza el uso de RD$11,514.9 millones remanentes de la liberación del encaje legal, para ser destinados a los sectores que lo demanden, también autoriza adelantar la entrada en vigencia de algunos aspectos del Reglamento de Evaluación de Activos (REA) , tal como solicitó el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu.

La Junta Monetaria a través de un comunicado hace de conocimiento a las instituciones financieras, los agentes económicos y financieros, y al público en general que, “en interés de potencializar los efectos positivos en la dinamización del crédito al sector privado, aprobó en su sesión del 26 de octubre del 2017, que de los RD$23,536.9 millones liberados del encaje legal, para ser colocados a los sectores productivos, el monto de RD$11,514.9 millones que aún se encuentra disponible, pueda ser destinado por las diferentes entidades de intermediación financiera, a cualquiera de los sectores de la economía que así lo demanden, bajo las mismas condiciones de hasta un 8% para los sectores productivos en general, consumo y personales, y hasta un 9% para préstamos hipotecarios de vivienda, todos a un plazo mínimo de 5 años”.

Asimismo, aprobó que a partir del 27 de octubre del corriente año, entre en vigencia la nueva versión del Reglamento de Evaluación de Activos (REA), en lo referente a los Medianos Deudores Comerciales, los refinanciamientos y los aspectos relacionados con la tasación y las garantías.

Recordó, que el 2 de enero del 2018 entra en vigencia de manera integral este reglamento, por lo que esta medida beneficiará a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), en condiciones crediticias más favorables, mediante la figura de los Medianos Deudores Comerciales incorporada en la nueva versión del REA, en el cual se autorizó incrementar el monto al que éstas tenían anteriormente acceso, de RD$25.0 millones, hasta RD$40.0 millones, lo que representa una mayor oportunidad de tener acceso a más financiamientos en el sistema financiero, estableciéndose que su evaluación, por parte de las entidades de intermediación financiera, se realizará de manera simplificada.

Otra medida de suma importancia para la seguridad alimentaria del país y de la preservación de los niveles de empleo y supervivencia de empresas, está relacionada con la extensión del plazo hasta el 31 de diciembre del 2018, del tratamiento autorizado por la Junta Monetaria a los bancos múltiples que les permitió congelar al corte del 30 de septiembre del 2016, las calificaciones y las provisiones de los productores agropecuarios en las zonas afectadas por las lluvias ocurridas a finales del año 2016, así como los daños causados por los huracanes Irma y María, que afectaron vastas zonas productivas del país. La Junta Monetaria incluyó en la aplicación de esta medida a las Mipymes y a todas las entidades del sistema financiero.

La Administración Monetaria y Financiera dice en el comunicado que persigue contribuir con la “recuperación y sostenimiento de la oferta y demanda del crédito de los sectores afectados y empresariales en general, para el incremento de la producción y el estímulo a la generación de empleos productivos y por ende, el aumento de la inversión y el consumo”.