La defensa del ex director de la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA) dio a conocer hoy un conjunto de motivaciones por las cuales su cliente Manuel Rivas, debe ser puesto en libertad o variársele la medida de coerción de prisión preventiva, por otra menos gravosa.

Los argumentos fueron presentados en un comunicado de prensa, a propósito de que Rivas se presentará ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de la Provincia Santo Domingo, que conocerá el recurso de apelación interpuesto para atacar la resolución que ordenó su prisión.

El comunicado señala que según la solicitud de imposición de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, el único hecho vinculante con Rivas fue una supuesta conversación con el empresario Eddy Rafael Santana Zorrilla, también con medida de coerción, sobre el asesinado abogado y catedrático universitario Yuniol Ramírez Ferreras.

«Sin embargo, no se presentó prueba contundente alguna de la ocurrencia de esta conversación; así como tampoco del vínculo entre el crimen y esta supuesta conversación», resalta.

La defensa agrega que el Código Procesal Penal, es sus artículos 226 y siguientes, establece varias medidas de coerción que pueden ser interpuestas en contra de un investigado ante la existencia de un hecho punitivo, «pero la prisión preventiva es una medida severa y excepcional».

Señalan que el caso de Rivas «no existen las condiciones establecidas por el Artículo 227 del Código Procesal Penal para la imposición de una medida de coerción tan severa».

«En primer lugar, el supuesto peligro de fuga fue aniquilado completamente con su presencia después de volver al país por un aeropuerto nacional; y, en segundo lugar, por el hecho de no existir prueba que por el momento lo vincule, ya sea como sujeto activo o cómplice,al grave hecho punible», puntualizaron.

El ex director de la OMSA es vinculado por las autoridades en el caso del asesinato del abogado Ramírez Ferreras, hecho por el cual se acusa como autor material a su asistente personal Argenis Contreras, hoy prófugo; y al empleado de la institución que él dirigía, José Antonio Mercado Blanco (El Grande), quien guarda prisión.

En el caso del empresario Eddy Santana, a quien un juez le varió recientemente la prisión preventiva por un año de prisión domiciliaria, es señalado como la persona que le entregó dos millones de los cuatro que presuntamente pedía como extorsión Yuniol Ramírez, para desistir de la querella por corrupción.

Santana está acusado por el Ministerio Público de Corrupción administrativa y asociación de malhechores para cometer estafa contra el Estado Dominicano.