En atención a la convocatoria al Pacto Eléctrico realizada por el Poder Ejecutivo, en cumplimiento al artículo 35 de Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030 (END), que llama a las fuerzas políticas, económicas y sociales a participar en la definición de políticas públicas que permitan solucionar la crisis estructural del sistema eléctrico del país,  nuestra asociación participó activamente en todas las etapas de este proceso, tanto como integrantes de la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social -espacio de diálogo que fue apoderado el 13 de octubre de 2014 para dirigir los trabajos de discusión del Pacto-, así como, en las  distintas consultas, mesas y plenarias de trabajo que durante casi 3 años de trabajo arduo se llevaron a cabo.  Hoy con la responsabilidad que nos ha caracterizado durante cerca de 50 años como asociación,  queremos anunciarle al país que no asistiremos  a la firma del pacto convocada para mañana en el Palacio Nacional. Esta decisión está basada en nuestra firme creencia de que los llamados consensos arribados en este pacto no resuelven el problema eléctrico nacional, pues puntos fundamentales no se tocaron, otros son un llamado al cumplimiento de la actual Ley General de Electricidad No. 125-01 y su reglamento o el acomodo de la misma a intereses particulares y privados de actores involucrados en la discusión del pacto.

Sobre la Generación

•       Entendemos que un factor  clave para solucionar el problema energético en el país, en lo que respecta a la generación de electricidad, es la desconcentración y apertura del mercado, para permitir una auténtica competencia que a su vez abarate los costos y logre precios razonables para que los usuarios puedan a su vez, recibir un servicio energético  de mayor calidad y a precios más bajos. En el Pacto faltan mecanismos precisos que garanticen la auténtica competencia en el mercado de la generación, así como, procesos de licitación verdaderamente transparentes. La Ley General de Electricidad, dispone que el 80% de la energía comprada deberá ser adquirida por contratos y el 20% en el mercado Spot, el solo cumplimiento de esto abarataría los costos de compra a los generadores. Los generadores actúan como banco financiero cobrando altos intereses por los atrasos y falta de pago del gobierno, esto encarece los costos de generación y por lo tanto la tarifa final que lega a los consumidores, son de los puntos que distorsionan los precios y a esto el pacto no le busca solución.

•       El Pacto fortalece posiciones dominantes de los actuales actores frente a posibles nuevos competidores. Es decir, el documento actual legitima procesos y actores que históricamente han sido parte del problema.

•       Consideramos también que el Pacto no contempla una hoja de ruta concreta y de carácter obligatorio de desarrollo energético a largo plazo, que considere el crecimiento futuro de la demanda, ni tampoco un plan de cambio progresivo en la matriz de generación que contemple mayor uso de energía limpia en el futuro.

•       Punta Catalina fue un proyecto en el cual el Estado dominicano se embarcó y fue presentado como la panacea para resolver el problema eléctrico, en el caso muy particular del Pacto Eléctrico diversos sectores solicitamos todas las informaciones y detalles para que dicho proyecto formara parte de la discusión del pacto eléctrico, esto nunca sucedió pues el gobierno siempre se negó.

Distribución

El  principal problema del sistema eléctrico en la República Dominicana es la precaria e ineficiente gestión de las empresas distribuidoras de energía. Las distribuidoras en este momento tienen un nivel de pérdida superior al 32%. Mantener estas empresas funcionando  con estas deficiencias ha presionado enormemente el Presupuesto Nacional, pues el gobierno central ha tenido que otorgar subsidio por más de mil millones de dólares cada año. Es una situación insostenible que es crucial resolverla para tener un sistema confiable y competitivo.  Si bien en el pacto se establece la necesidad de corregir esta situación y se establece un cronograma de bajar las pérdidas en un tiempo de 6 años  a un 15%, éste  no establece  planes concretos, hojas de rutas, con responsabilidades compartidas, con auditorías, para poder establecer montos de inversiones en las distribuidoras. Solo se establecen promesas de parte del gobierno que ya en el pasado se habían acordado con organismos internacionales y nunca se cumplieron. Uno de los problemas fundamentales de las distribuidoras es su politización. El pacto no establece cronograma ni compromisos reales para desmontar la estructura clientelar bajo la cual operan estas agencias y que es responsable de un alto porcentaje de su ineficiencia y alto costo con que operan. Esta estructura clientelar hace que tampoco se cobre parte de la energía servida a algunos sectores.

•       En el Pacto se introduce la posibilidad de que las Edes puedan subcontratar la comercialización, a través de la segmentación de circuito, zonas y regiones, medida que, en lugar de aliviar el déficit financiero de las distribuidoras, viene a distorsionar el proceso y a elevar los costos. Por la falta de institucionalidad del país, este elemento podría resultar en una puerta para ampliar  el clientelismo político y una dinámica de reparto contraria al interés nacional.

•       Consideramos injusto e incorrecto que, en el marco de un  cronograma de reducción de pérdidas a seis años, los consumidores sigan pagando las ineficiencias de las Edes relacionadas con esta grave falla del sistema. Lo correcto y legal sería cumplir con la tarifa técnica y con el cálculo de costos  de una empresa administrada racional y eficientemente, como lo manda la Ley General de Electricidad.

Sobre el Marco Institucional

•      Una vez más se desperdició la oportunidad de diseñar y poner en ejecución un órgano regulador del mercado eléctrico verdaderamente independiente, técnicamente capaz y libre de conflictos de intereses políticos o empresariales. El órgano regulador, la Superintendencia de Electricidad, que es fundamental y vital para establecer marcos regulatorios estrictos y transparentes en un mercado como el eléctrico, el pacto prácticamente lo deja igual aun a sabiendas de todas las debilidades e ineficiencias con que este organismo ha venido funcionando. 

•      Por otra parte, la reestructuración de la CDEEE prevista en el Pacto que crea el Ministerio de Energía y Minas, donde se establece que esta institución debe integrarse en el 2018 a este Ministerio, al convertir a la CDEEE en un holding para dirigir los negocios eléctricos del Estado se está dejando una burocracia innecesaria y costosa para los contribuyentes, lo cual afectará también negativamente a las tarifas.

•       La mayoría del contenido del Pacto es solo una redundancia, pues ya forman  parte de la Ley General de Electricidad, mientras  que algunos puntos  llevan a la modificación de la ley para adecuarla a intereses particulares, como la propuesta de modificación encaminada a no cobrar el 10% a los usuarios no regulados establecido en la ley y que nunca se ha cumplido. Nuestra Ley General de Electricidad y su reglamento son tan avanzados, que somos de opinión que con tan solo su cumplimiento estricto  se resolvería el problema eléctrico del país.

Nuestra asociación aprovecha para reconocer el gran esfuerzo que hicieron sectores sociales, funcionarios y técnicos del sector público y representantes del empresariado para buscarle solución a la crisis eléctrica que por más de 50 años ha afectado la competitividad del país y la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas, pero no basta con eso, se necesita firme voluntad política.

Reiteramos nuestra disposición de participar de cualquier esfuerzo donde prime el compromiso real y la voluntad política para consensuar y construir el sistema energético que República Dominicana necesita para alcanzar el desarrollo y enfrentar los desafíos del siglo XXI.