SANTO DOMINGO.- Una multitud, convocada por el colectivo social Marcha Verde, que surgió hace justo un año tras desvelarse los sobornos pagados en el país por Odebrecht, reclamó hoy frente al Palacio Nacional el fin de la corrupción y la impunidad.

Marcha Verde volvió a reclamar un juicio político contra el presidente dominicano, Danilo Medina, por su supuestos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, y presentó un conjunto de propuestas «para desmontar el régimen de corrupción e impunidad» que, a su juicio, encabeza el mandatario y el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Entre las propuestas figuran un Poder Judicial, Ministerio Público y Cámara de Cuentas «con plena independencia política, funcional y administrativa» y la recuperación del dinero publico de sonado casos de corrupción como el de Odebrecht.

En un manifiesto leído ante la multitud, el colectivo dominicano solicitó, además, la urgente aprobación de un nuevo marco normativo electoral, de partidos y agrupaciones políticas, que garantice, entre otros, el financiamiento «transparente y controlado» de los recursos durante las campañas electorales.

Por último, anunció que «ante la falta de respuestas estatales» a las multitudinarias marchas que realizó en 2017 para reclamar el fin de la impunidad, «intensificará las formas y herramientas de lucha», incluyendo la realización de una consulta ciudadana a partir del 11 de febrero para evaluar la posibilidad de realizar paros pacíficos municipales, provinciales y nacionales.

Marcha Verde surgió en enero de 2017 después de que Odebrecht reveló que distribuyó 92 millones de dólares en el país entre 2001 y 2014 para agenciarse la adjudicación de contratos gubernamentales.

Por el caso fueron imputadas 14 personas, entre ellas el destituido ministro de Industria y Comercio Temístocles Montás, un reconocido dirigente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), Andrés Bautista.

Asimismo, el empresario Ángel Rondón, señalado por el Ministerio Público como la persona que recibió y distribuyó los sobornos.

El grupo está acusado de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero todos se encuentran en libertad condicional.

La Procuraduría General dominicana informó el pasado jueves que solicitó la extensión del plazo otorgado por un juez para ampliar la investigación sobre los sobornos entregados por Odebrecht.

El juez Francisco Ortega Polanco, designado por la Suprema Corte de Justicia para conducir la instrucción especial de este caso, otorgó un plazo de ocho meses, que concluye en febrero, al Ministerio Público para concluir la investigación y presentar formal acusación contra los imputados, pero la Procuraduría solicitó otros cuatro meses para concluir el proceso.

Esto permitirá «seguir profundizando más las investigaciones efectuadas hasta el momento por el Ministerio Público y esclarecer completamente hallazgos adicionales obtenidos durante los últimos 8 meses, lo cual, a su vez, permitirá depositar una acusación mucho más robusta, que garantice obtener condenas contra quienes sean formalmente imputados», afirmó la Procuraduría en su comunicado. EFE