SANTO DOMINGO (R.Dominicana).- El juez de la Suprema Corte de Justicia Francisco Ortega Polanco extendió ayer por cuatro meses el plazo dado al Ministerio Público para formalizar la imputación de cargos contra los acusados de recibir 92 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
De acuerdo con un comunicado, el magistrado acogió el pedido de la Procuraduría General de la República con el propósito de completar las investigaciones, en las que están implicados legisladores, empresarios y exfuncionarios.
El plazo se suma a los ocho meses que agotó la Procuraduría en sus investigaciones, tiempo en el cual fueron apresados y excarcelados 14 acusados, entre los que figuran el empresario Ángel Rondón, señalado como el receptor y distribuidor de 92 millones de dólares que Odebrecht confesó haber pagado entre 2001 y 2014 para lograr contratos estatales.
Otros acusados son el exministro de Industria y Comercio Temístocles Montás; los senadores oficialistas Tommy Galán y Julio César Valentín; el diputado opositor Alfredo Pacheco; el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa; y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (principal opositor) Andrés Bautista García.
Tras la decisión del magistrado, el procurador general de Justicia, Jean Alain Rodríguez, dijo que el nuevo plazo permitirá completar decenas de diligencias de cooperación internacional y local que se encuentran en proceso.
El funcionario destacó que el caso Odebrecht es el de mayor complejidad que ha manejado el sistema de Justicia dominicano y que, para completar estas «complejas investigaciones», la Fiscalía necesita los resultados de una auditoría de todas las obras construidas en el país por la multinacional brasileña.
Rodríguez expresó que si se insiste en comparar, debe tomarse en cuenta que en Brasil las investigaciones de este caso Odebrecht han durado más de tres años sin que todavía logren terminar, además de que en más de ocho países latinoamericanos tampoco han concluido las indagatorias.
En ese orden, precisó que la modalidad utilizada por la multinacional brasileña para pagar esos sobornos no fue la misma en todas las naciones afectadas, al tiempo de revelar que en República Dominicana se «fraguó un entramado muy complicado», el cual los corruptos trataron de encubrir, disfrazándolo de aparente legitimidad.
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