La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medidas de coerción a un asesor fiscal y a una contadora que se dedicaban a formar “compañías comerciales ficticias” para elaborar y vender facturas falsas con valor fiscal en perjuicio de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Se trata de Franklin Rosario Vicente, a quien el juez José Alejandro Vargas impuso tres meses de prisión preventiva a ser cumplidos en la Penitenciaria La Victoria, y Marlenys Sánchez Pérez, a quien dictó garantía económica, presentación periódica, impedimento de salida del Distrito Nacional y Provincia de Santo Domingo, mediante uso de brazalete electrónico.

La DGII ofreció oficialmente la información en un despacho de prensa mediante el cual manifestó que –de acuerdo con el expediente preparado para el sometimiento- Rosario Vicente y Sánchez Pérez reportaban sumas millonarias de costos y gastos irreales buscando reducir o extinguir los impuestos a pagar de parte de contribuyentes.

Los imputados, asociados con “empresarios” y colegas, también se dedicaban a duplicar la secuencia de los números de comprobantes fiscales de otros contribuyentes, hoy víctimas y afectados, incurriendo en violación a los artículos 147, 148, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano y los artículos 236, 237 y 239 del Código Tributario, que tipifican y sancionan la fabricación de documentos públicos, el uso de documentos falsos, asociación de malhechores, estafa y defraudación.

La DGII, con el apoyo permanente del Ministerio Público, durante varios meses llevó a cabo una ardua investigación por denuncias interpuestas contra los imputados, que implicó el análisis de los perfiles de contribuyentes que han permitido evidenciar defraudaciones por sumas millonarias en contra del Estado Dominicano.

El tribunal ponderó en la imposición de la medida de coerción que, ciertamente, el imputado Franklin Rosario Vicente, a quien le fueron ocupados 124 sellos, facturas y documentos corporativos de las sociedades utilizadas para la generación irreal de costos y gastos a favor de otras, se dedica a las prácticas delictivas señaladas.

“Esta decisión ha sido basada en el deber de salvaguardar la importancia de que los ciudadanos cumplan con las obligaciones tributarias, y que no incurran en realizar reportes no fehacientes con contribuyentes que no realizan actividad comercial”, declaró la DGII.

Asimismo, la DGII informó que no descarta perseguir y procesar a las empresas beneficiarias de los esquemas de defraudación antes referidos, incluyendo la posibilidad de sometimientos por lavado de activos, tomando como delito precedente la defraudación tributaria. Dijo que muchas de las sociedades beneficiaras del fraude han sido ya citadas y que ha ampliado las investigaciones para detectar cualquier nivel de complicidad.