El Congreso Nacional fue apoderado ayer de un proyecto de ley que busca impedir el alquiler de viviendas a extranjeros en estado de ilegalidad o indocumentados en República Dominicana.

Su proponente,  el vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Radhamés González, aclara que su proyecto no va dirigido solo a los haitianos que viven de manera ilegal en el país, tras argumentar que con el mismo buscar impedir que  algunas zonas se conviertan en guetos con el apoyo  de dominicanos que los alojan.

“Los haitianos que vienen al país, los venezolanos y demás, no viven en las calles. Entonces hay que colocarles algunas regulaciones para que esas personas al alquilar una casa, o un inmueble, tengan la obligación de estar de manera legal”, dijo el diputado.

Dijo que de esa manera el país tendría cierto control con esos inmigrantes.

“En mi municipio por ejemplo (Santo Domingo Oeste) un nacional haitiano alquila una casa, pero un mes después ahí viven 25”, narró.

Insistió en que de alguna manera el Estado tiene que tener reglas que permitan que los dominicanos sepan cuántos extranjeros viven en este país, cuáles de manera legal y cuáles ilegal.

Maestros constructores
“Otro punto de mi planteamiento es que si por cualquier razón algunos dominicanos utilizan el subterfugio, como a veces lo hacen, de decir, que cedieron la casa a esos extranjeros para que se la cuiden, que a esos se les apliquen los mismos términos que dice la ley para los que alquilan”, dijo.

En ese grupo incluyó a los maestros constructores de apartamentos, los que dijo “dejan hasta 20 haitianos durmiendo ahí”.

El proyecto
En su artículo 1 la pieza establece como objetivo fundamental regular, sancionar y controlar los alquileres de edificios, apartamentos, habitaciones, oficinas, locales comerciales, naves industriales y otros espacios físicos a extranjeros en las condiciones citadas.

Aclara que solamente será aplicada a personas no dominicanas que no han sido reguladas por las instituciones competentes, creadas para tales fines.

La legislación prevé sanciones para los propietarios que violen las disposiciones que incluyen multas no menores de cinco ni mayor de 20 salarios mínimos del sector público, así como la incautación o clausura del inmueble por parte del Estado, por un período de entre seis y 12 meses. “En caso de reincidencia, el propietario será castigado con el pago del doble de las sanciones impuestas en el primer sometimiento”, establece el proyecto de ley presentado por el diputado González.

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CASTIGO APLICADO A LOS PROPIETARIOS
LA GARANTÍA DE PAZ, SEGURIDAD Y EL PLAN 
El proyecto de ley también contempla que cuando el extranjero indocumentado incurra en delitos, el propietario del inmueble será castigado con 90 días de trabajos sociales, reforestación y limpieza de espacios públicos. Uno de los considerandos del proyecto de ley indica que es deber del Estado dominicano adoptar los mecanismos y políticas necesarias para garantizar la paz, tranquilidad y seguridad, en busca de conservar el equilibrio de las futuras generaciones del pueblo dominicano. El gobierno del presidente Danilo Medina ha puesto en ejecución el programa de regularización de extranjeros, el cual ha beneficiado principalmente a miles de haitianos que se encontraban en el país de manera irregular, pero se critica que no ha llenado las expectativas.