JULIO MARTÍNEZ POZO Y DANY ALCÁNTARA ATRIBUYEN LA INVESTIGACIÓN A PERSECUCIÓN DEL PROCURADOR

Los comunicadores Dany Alcántara y Julio Martínez Pozo, así como sus familiares, son investigados por sus presuntos vínculos con los sobornos de Odebrecht, con autorización del juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, confirmó ayer la Procuraduría General de la República.

Así lo informó la directora de prensa y comunicaciones de la institución, Julieta Tejada, quien dijo que los periodistas son investigados por los sobornos de Odebrecht, a través del empresario Ángel Rondón, para ser favorecidos con obras del Estado.

Expresó que el juez Ortega Polanco está realizando varias diligencias investigativas tendentes a verificar si los comunicadores y sus parientes están implicados en el caso.

Manifestó que los resultados de esas investigaciones dirán si existen indicios penales o no existen, “pero sí, están siendo investigados por orden de un juez, como están siendo investigadas muchísimas otras personas”.

Empero, Tejada rehusó precisar el número de personas a las cuales investigan, y dijo desconocer el modo en que los comunicadores se enteraron del accionar del Ministerio Público.

Indicó que la Procuraduría hace uso de la facultad que tiene para comunicar en un momento dado lo que entienda debe ser de interés nacional, respondió al preguntársele en qué se basaba la procuraduría para emitir un comunicado de prensa horas antes de que los comunicadores dieran una rueda de prensa.

Versión de los periodistas
Mientras los periodistas Martínez Pozo y Alcántara denunciaron  que el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez,  solicitó al juez Ortega Polanco, que investigue sus cuentas y las de sus esposas e hijos, alegando vinculación con Ángel Rondón, imputado en el caso Odebrecht, y que sería a través de ellos que se habría entregado el dinero del soborno de la empresa brasileña a funcionarios y congresistas.

Martínez Pozo y Alcántara hablaron durante una rueda de prensa en el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), a la que asistió su presidente  Adriano de la Cruz.  Dijeron que no han sido notificados por la justicia, y acusaron al jefe del ministerio público de tener una persecución en su contra.

“La última de las acciones del señor Procurador General de la República y la más concreta, es la solicitud que ha hecho al magistrado Francisco Ortega Polanco, el juez especial que instruye el caso Odebrecht, para realizar una investigación contra nosotros y nuestros familiares”, so pretexto de que “pudiera ser o pudiera haber sido utilizado por el imputado Ángel Rondón Rijo para la entrega de dinero producto del soborno a funcionarios públicos y congresistas”, explicó Alcántara al leer un comunicado.

Atribuyeron esas acciones, a que como periodistas han dedicado cientos de horas a tratar el caso de corrupción más emblemático que se conoce en la historia nacional.  y “hemos coincidido en denunciar la torpeza procesal con que se ha dirigido la investigación  desde la Procuraduría General de la República”.

Alegaron que da la impresión de que por razones “muy sospechosas” no se ha querido investigar el soborno que pudieron haber hecho empresas locales a partir de los cuantiosos beneficios que habrían recibido con sobrevaluación de parte  de todas las obras ejecutadas durante 13 años bajo investigación .

“Es decir, de las empresas nacionales que sirvieron de contraparte local para la ejecución de los 17 proyectos que construyeron desde el 2001 al 2014 y ha desatado una persecución, amenazas e intimidación en contra de los exponentes”.

Acusaron al procurador de haber fracasado en el presunto intento de acallarlos,  “con mensajes contentivos, de amenazas y chantajes a través de terceros”, a los que dijeron identificarán en su momento. Expresaron que la computadora de Alcántara fue hackeada anoche, supuestamente por órdenes suyas. Los comunicadores, que no aceptaron preguntas de los periodistas en la rueda de prensa, señalaron que tienen más de 30 años en el ejercicio periodístico, con empresas de comunicación establecidas conforme a las leyes, donde ofrecen servicios de asesoría, producción y facturación de programas, y que  el procurador ahora le da la oportunidad de que se pueda comprobar “la transparencia con que nos hemos conducido en nuestra vida pública y privada”.

ACUSADOS EN EL CASO ODEBRECHT
Los catorce acusados son el exministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista; el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el exdiputado del PRD, Ruddy González.

También el exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez, y el exdirector de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Máximo De Oleo Ramírez. Además el exadministrador de la CDEEE, Radhamés Segura, y el exdirector de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Roberto Rodríguez; los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y el diputado Alfredo Pacheco, vocero del bloque del PRM.

También Ángel Rondón, Conrado Pitaluga y Bernardo Castellanos de Moya.

PLAZO DE UN MES PARA PRESENTAR ACUSACIÓN
A la Procuraduría General le queda un mes para presentar su acusación formal en el caso de sobornos de la empresa brasileña Norberto Odebrecht, que ha involucrado a funcionarios y legisladores dominicanos.

La empresa brasileña admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos para hacerse con obras públicas en República Dominicana, en medio de un escándalo internacional por prácticas similares en otros países de la región.

El plazo de ocho meses que inicialmente otorgó el juez especial Francisco Ortega al Ministerio Público para presentar acusación fue extendido en febrero por otros cuatro meses.

Cuando se concedió esa extensión el magistrado indicó que con el nuevo plazo la acusación debía ser presentada hasta el 9 de junio del presente año.

“En el avance de estas indagatorias han surgido nombres de empresas y personas. Los procedimientos de investigación penal obligan a profundizar averiguaciones para esclarecer su participación.

Para esto es normal que se soliciten documentaciones, se efectúen consultas, experticias y entrevistas directas y presenciales”, reza un comunicado difundido el domingo por la Procuraduría.

Los apresamientos del caso Odebrecht comenzaron el lunes 29 de mayo de 2017, luego de semanas de espera y expectativas. Las medidas de coerción contra los involucrados se impusieron el 7 de junio de ese mismo año, de modo que cuando concluya este proceso de instrucción el caso llevará un año.