El periódico argentino El País Digital colocó al procurador general de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, dentro de un selecto grupo de los fiscales más destacados de Latinoamérica.

El diario digital recoge que Rodríguez con 43 años alcanzó el cargo en el 2016 y, asegura, que por sus acciones ha ganado credibilidad en la justicia dominicana.

El País Digital destaca que desde su ingreso ha estado enfocado en la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento institucional, además de la prevención y persecución de la criminalidad.

Son un total de 6 los procuradores enlistados en ese artículo dentro de los que se encuentra el dominicano, Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga de Paraguay, Fernando Carrillo Flórez de Colombia, Raquel Elias Ferreira Dodge de Brasil, Jorge Díaz de Uruguay y Emilia Navas Aparicio de Costa Rica.

Información íntegra de elpaisdigital.com.ar: 

Dada la jerarquía del Ministerio Público Fiscal, muchos especialistas lo han considerado como el “cuarto poder” de la democracia por su autonomía funcional y financiera. En buena parte de los países pasó a estar compuesto por el Ministerio Público de la Defensa, a cargo del defensor general, y el Ministerio Público Fiscal, bajo la órbita del procurador general.

La figura del Procurador fue definida por especialistas como “un rol clave en la República” y su importancia en la profundización del sistema democrático. “En definitiva, es una figura central para el sector judicial ya que puede darle una impronta más progresista, más conservadora o corporativa a la actuación del Ministerio Público Fiscal y de los fiscales, definiendo un perfil más o menos dinámico en el control de la administración pública”.

Más allá de las distintas legislaciones en la región, centralmente, las potestades más relevantes del procurador general son:

– Diseñar y establecer la “política criminal”: El principio de “unidad de acción” y, en función de ello, le brinda al procurador la facultad de emitir criterios básicos a los fiscales. “Estas instrucciones generales pueden llegar a significar una reforma legal, sobre todo, en las causas en las que las falencias de los fiscales no son suplidas por las querellas”.

– Sancionar a funcionarios y remover a los fiscales a través del Tribunal de Enjuiciamiento. Esta facultad toca aspectos sensibles, en la medida en que puede ser una herramienta de presión para acosar a fiscales “díscolos” o ser complaciente con fiscales “afines’

– Ser el fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación: el procurador es el encargado de elaborar el “dictamen” que debe tener el Tribunal en su poder antes de fallar en una causa. Su dictamen no es vinculante, pero, en la mayoría de los casos, la CSJN opta por seguirlo, por lo cual es vital que el procurador tenga una solvencia jurídica equiparable a la de un juez supremo.

También es importante ─en los distintos países de diferente modo─ la función del procurador general como responsable final de la estructura administrativa y logística que incumbe a las fiscalías. Esto se debe a que, en algunos casos, puede haber una política criminal implícita que, al limitar recursos humanos y materiales a ciertas unidades, fiscales o tipo de causas les dificulta en la práctica ejercer la acción fiscal.

El procurador general tiene la potestad de imprimir un claro curso a su gestión y a las de las fiscalías mediante los distintos instrumentos legales que posee, lo que explica las diferencias existentes entre las gestiones en un mismo país o entre países.

Haciendo una breve recorrida por los países de Latinoamérica y del Caribe, algunos procuradores se pueden destacar por sobre los otros, más allá de las omisiones que siempre suceden.