Anina del Castillo, directora de Pro Consumidor. (Fuente externa)

SANTO DOMINGO. En la República Dominicana urge contar con infraestructura estadística que permita medir certeramente los daños a las personas por consumo o uso de productos inseguros, que constituyen uno de los mayores riesgos para la preservación de la vida y su calidad.

La advertencia fue hecha este martes por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) en el marco del Taller Internacional sobre “Seguridad de Productos de Consumo,” que por dos días desarrolla la entidad junto a la Red de Consumo Seguro y Salud (RCSS) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Al pronunciar las palabras centrales del evento, la directora de Pro Consumidor, Anina del Castillo, planteó que en el país y otras naciones de la región, las muertes por accidentes de consumo “podrían ser altísimas”, si se parte de que en Estados Unidos -que tiene altos estándares de controles- fallecen 43,000 personas por esa causa.

Ante esta situación -expuso la funcionaria- es imperativo “trabajar para la inclusión de la data sobre lesiones por productos de consumo peligrosos e inadecuados” y concienciar a la población vulnerable para que tome las precauciones que disminuyan los accidentes de consumo.

Expresó que aún con la falta de estadísticas sistematizadas y organizadas, datos recogidos recientemente por Pro Consumidor indican que “gran parte de la ingesta de sustancias cáusticas se debe al reenvasado de estos productos en botellitas de agua y de refrescos, lo que los hace atractivo para los niños”.

Definió como un aporte relevante ante el problema la existencia de la “Red de consumo y salud y el sistema de alertas rápidas de la OEA, a la que pertenece República Dominicana, porque permite a las agencias vinculadas recibir información sobre productos inseguros y prevenir que vidas sean lesionadas y lastimadas.

Destacó el rol de la institución en la emisión de alertas de seguridad ante la existencia de peligros no previstos de productos introducidos en el mercado y señaló que ese ejercicio cobrará mayor impacto ahora con la plataforma “Inspector Ciudadano”, que remitirá un aviso al público cada vez que Pro Consumidor emita una alerta de un producto inseguro, con lo cual se ampliará el número de personas que serán protegidas.

El acto inaugural de la actividad internacional, en la que participan representantes de más de 20 países, fue encabezado por el Ministro de Industria, Comercio y MyPimes, Nelson Toca Simó; la directora ejecutiva de Pro Consumidor y el jefe de la Sección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos (OEA), Roberto Rojas Dávila.

Toca expresó que estos eventos constituyen una responsabilidad ineludible y un compromiso que nos obliga a impulsar iniciativas y propuestas concretas que contribuyan, eficazmente y de forma tangible, a ir incrementando la seguridad en el consumo para resguardar la vida de nuestra población y las futuras generaciones.

De su lado, Del Castillo aseguró que con esta actividad se propiciarán los pasos necesarios para crear un sistema que permita fortalecer la seguridad de los productos que se venden en el mercado y así reducir los accidentes de consumo. “La seguridad en el consumo o el derecho a productos seguros está contemplados en nuestra Ley de Protección a los Derechos del Consumidor 358-05”.

Durante el taller internacional representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Red de Consumo Seguro y Salud (RCSS), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el programa COMPAL y la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO), abordarán temas sobre la comercialización de productos adecuados y de calidad y otros aspectos que ayuden a disminuir el impacto de esta problemática creciente en Centroamérica y Latinoamérica.

Además, se realizarán foros para consultas técnicas, investigaciones y estudios, gestión de asistencia técnica, realización de revisiones voluntarias por pares y el seguimiento de las Directrices de Protección al Consumidor entre las agencias de protección al consumidor de México, Guatemala, Chile, Perú, Colombia, Argentina, Costa Rica y Panamá, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, País Vasco, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Suiza, Trinidad y Tobago, Uruguay entre otros.