Más de 500 empleados  de la quebrada línea aérea Pawa Dominicana se encuentran en un limbo jurídico,   siete meses  después  que  la Junta de Aviación Civil suspendió por 90 días a la empresa el certificado de autorización económica por el incumplimiento de pagos.

De acuerdo con los informes, los empleados de la línea aérea han reclamado en el ministerio de Trabajo la entrega de sus prestaciones laborales, luego de la suspensión de las operaciones  y de que  venciera el plazo de los tres meses.

La suspensión temporal de Pawa Dominicana, de parte de la JAC y del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), se produjo el 26 de enero del presente año, por la acumulación de una deuda de 3 millones de dólares a las autoridades aeronáuticas, a la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo 21 (Aerodom) y otros acreedores.

El caso de la aerolínea se ventila en el Tribunal de Primera Instancia de la Cámara Civil y Comercial, del Distrito Nacional, quien deberá emitir un fallo a favor o en contra de los ejecutivos de Pawa.

Los empleados fueron suspendidos a raíz de la paralización de  los vuelos de la aerolínea.

Siete meses después de que las operaciones de la aerolínea fueran suspendidas los más de 500 empleados de Pawa Dominicana, están en un  “limbo jurídico”, reclamando a la empresa la entregue de sus  prestaciones laborales, tal y como lo establece el Código Laboral  dominicano.

Entre los empleados afectados figuran pilotos, azafatas, personal de sobrevuelo, mecánicos, seguridad, mantenimiento y  personal del área administrativa, quienes desde el mes de enero de este año 2018 no reciben su salario.

De acuerdo con los informes ofrecidos, están en una difícil disyuntiva de que no pueden emplearse en otra empresa, hasta tanto no se emita el fallo del tribunal  ya que de hacerlo perderían sus derechos laborales de  empleados activos, de la compañía.

Habla conciliador entre las partes      

Con relación al impasse,  se designó a un conciliador, que actúa como árbitro entre las partes en conflicto.

El doctor José Enríquez Pérez declaró que debido al rol que representa no podía emitir informaciones a los medios de comunicación.

Explicó que solo puede referirse al caso en relación al seguimiento en los tribunales.

Detalló que el pasado día 18 de este mes se depositó  en el tribunal de Restructuración un informe del caso y una lista provisional  de creencia que es lo que establece la ley, así como otras solicitudes.

“Lamentablemente yo en el papel de conciliador que estoy desempeñando no puedo de ningún modo  informar de su contenido  antes de que el tribunal no lo haga público”, aseguró el doctor José Enríquez Pérez.