El derrumbe del puente Morandi, en la ciudad italiana de Génova, desató un cruce de acusaciones entre el gobierno y la concesionaria Autostrade per l’Italia, filial de Atlantia y responsable del mantenimiento de la estructura. El hecho tuvo lugar el martes, cuando un tramo de unos 100 metros del puente se vino abajo y sepultó a los vehículos que circulaban por allí. Murieron 38 personas y 16 resultaron heridas, según actualizaron ayer las autoridades locales.

El gobierno de Italia responsabilizó directamente a la empresa por la mala gestión y anunció que le revocará la concesión del puente. “Si no son capaces de gestionar nuestras autopistas, el Estado lo hará”, advirtió el miércoles el ministro de Infraestructuras, Danilo Toninelli, quien también pidió la dimisión de los directivos de la concesionaria.

En la misma línea se manifestó el vice primer ministro y ministro del Interior, Matteo Salvini: «El puente estaba bajo control de una empresa que gana millones de euros y que evidentemente no ha hecho lo que debía. Revocar la concesión es lo mínimo”. Salvini dobló la apuesta y dijo ayer que los directivos de Autostrade deberían darse “un baño de humildad” y ayudar económicamente a las familias de la víctimas. “Si el gobierno ha movilizado ayudas de cinco millones de euros, ellos deberían poner 500 millones sobre la mesa”, argumentó, en referencia al paquete de medidas que el gabinete aprobó el miércoles para solventar las intervenciones más urgentes.

Atlantia, por su parte, hizo frente a las críticas contra su filial y culpó al gobierno de haber anunciado un proceso para la revocación de la concesión “en ausencia de investigaciones sobre las causas reales del incidente”. En paralelo, recordó que, si el Estado terminara retirando la concesión, el gobierno tendrá que pagar una multa, según establece la ley, ya que el permiso tiene validez hasta 2038.

Al respecto, el otro vice primer ministro de Italia y titular de Desarrollo Económico, Luigi Di Maio, aseguró que el número de muertos en el siniestro justifica que se retire la concesión a Autostrade sin que el Estado tenga que pagar una multa.

La Fiscalía de Génova abrió una investigación para esclarecer las causas del suceso, y el fiscal general de esta ciudad, Francesco Cozzi, declaró a la televisión pública italiana que el incidente “no ha sido una fatalidad, sino un error humano”.

Mientras tanto, los equipos de emergencia continuaban ayer retirando escombros en la zona del derrumbe en busca de posibles sobrevivientes.