Abuso sexual.

SANTO DOMINGO. El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un arquitecto que habría abusado sexualmente de una hija menor de edad.

Tras ser apoderado de la solicitud, el tribunal fijó para el próximo lunes 27 de agosto, a partir de las 11:00 de la mañana, la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción en contra del imputado, cuyo nombre se omite para proteger la identidad de la víctima.

El órgano del sistema judicial informó que el imputado fue apresado esta semana en su residencia en el Distrito Nacional, mediante  la  orden judicial No. 530-2018-EMES-014231, luego que el Ministerio Público recibiera la denuncia del caso.

En torno a los hechos, el expediente establece que vendrían ocurriendo  desde el año 2016. Indica en ese sentido, que el imputado, quien no convive con la madre de la víctima, presuntamente cometía el abuso sexual cuando la menor le visitaba en su residencia.

La información precisa que a este caso le ha sido otorgada la calificación jurídica provisional de violación al artículo 332-1 del Código Penal Dominicano, que tipifica el incesto, y del artículo 396 literales a, b y c del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños Niñas y Adolescentes, que tipifican los abusos contra los menores de edad.

El Ministerio Público dijo que cuenta con diferentes evidencias para establecer los vínculos del imputado con el delito de abuso sexual, incluyendo testimonios y documentos, entre ellos, certificaciones médicas, así como un informe psicológico forense expedido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) que describe las circunstancias en que se produjeron los hechos.

Detalló que en este caso se ha procedido a solicitar la medida de coerción de prisión preventiva en virtud de que el imputado no cuenta con arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga.

El Ministerio Público ofreció la información a través de un comunicado de prensa, mediante el cual informó que amplían las investigaciones y dijo que procurarán que al encartado le sea impuesta dicha medida de coerción, la cual está establecida en el artículo 226, numeral 7, del Código Procesal Penal, para garantizar su presencia en el proceso judicial.