WASHINGTON D.C. — 

Estados Unidos sancionó a la vicepresidenta de Nicaragua y al secretario personal del presidente, Daniel Ortega. Se trata de la primera acción que toma el gobierno del presidente Donald Trump contra el círculo más cercano al mandatario nicaragüense.

El efecto de las sanciones es similar a las impuestas en junio contra funcionarios del gobierno: sus propiedades en EE.UU. quedan congeladas y se prohíbe a los ciudadanos y empresas estadounidenses mantener cualquier tipo de relación comercial con ellos.

En este caso, sin embargo, las sanciones provienen de una orden ejecutiva firmada directamente por Trump.

Las medidas tienen por objeto enviar un mensaje a los miembros del gobierno de Ortega para que “busquen una solución anticipada de la crisis que [Ortega] ha creado”, dijo el martes un funcionario de alto rango de la administración Trump.

La orden ejecutiva del presidente declara una emergencia nacional como consecuencia de la “respuesta violenta” del gobierno de Nicaragua a las protestas que comenzaron en abril de este año en el país. Desde entonces, más de 300 personas han sido asesinadas, según cifras de la OEA.

Las sanciones vienen menos de un mes después de que el asesor de seguridad nacional, John Bolton, dijera en Miami que el país centroamericano sentiría “todo el peso del régimen robusto de sanciones de Estados Unidos”.

El gobierno nicaragüense no tardó en responder. Aseguró que rechazaba las medidas y que se trataba de “la continuidad histórica de la injerencia y la política intervencionista de la potencia imperial norteamericana».

«Proclamamos que no nos vendemos ni nos rendimos, y que exigimos patria libre, con las banderas y el corazón en alto”, se lee en el comunicado en respuesta.

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En el comunicado donde se anuncian las sanciones, el secretario del Departamento de Tesoro explicó que el objetivo de la medida es “asegurar que las personas relacionadas con el régimen de Ortega no puedan acceder al sistema financiero de Estados Unidos para enriquecerse a costa del pueblo nicaragüense”.

Rosario Murillo, la vicepresidenta del país y esposa de Daniel Ortega, ha sido sancionada por EE.UU. por ser, según el Tesoro, “una líder con acceso e influencia sobre la juventud del Frente Sandinista de Liberación Nacional (…) y la Policía Nacional nicaragüense”.

Según el gobierno estadounidense, tanto el FSLN como la policía han estado involucrados en abusos de derechos humanos a través de las “patrullas de la muerte”, acusadas de cometer asesinatos extrajudiciales, torturar y secuestrar civiles.

Por su parte, Néstor Moncada Lau, ha sido descrito por el Tesoro de EE.UU. como el consejero de seguridad nacional del presidente Ortega. Moncada ha pagado, chantajeado y extorsionado a personas para que contrarresten las protestas y demuestren apoyar al gobierno de Nicaragua.

Se trata de la tercera ronda de sanciones que Estados Unidos impone contra Nicaragua. La última de ellas fue anunciada en junio de este año contra el comisionado de la policía de Nicaragua, el secretario del alcalde de Managua y el presidente de Petronic, una empresa petrolera vinculada a PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela.