WASHINGTON —
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, condenó el sábado al presidente socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, al calificarlo como un déspota que lleva a su nación rica en petróleo a la ruina y agregó que “en última instancia este régimen tendrá que irse” para que la situación mejore.
Sin embargo, Mattis no sugirió ningún papel de Estados Unidos en dicho proceso y dijo en un foro de seguridad en California: “Depende del pueblo venezolano, depende de los estados regionales en esa área ayudar a acelerar ese proceso y llevar a ese país a un futuro más próspero y positivo”.
Más de 3 millones de venezolanos han huido del país sudamericano en los últimos años, expulsados por la brutal escasez de alimentos y medicamentos, la hiperinflación y los delitos violentos.
Washington ha impuesto sanciones a Venezuela en medio de denuncias contra Maduro y funcionarios de su gobierno por violar los derechos humanos y desencadenar una crisis económica.
“Esto es lo que sucede cuando tienes a un déspota irresponsable que está llevando a un país a la ruina. Y creo que lo que deberíamos hacer es trabajar por, con y a través de nuestros aliados latinoamericanos para estabilizar esta situación”, dijo Mattis al Foro de Defensa Nacional Reagan.
El Comfort, un buque hospital de la Marina de Estados Unidos, está tratando a refugiados venezolanos en una gira por América Latina que incluye paradas en la vecina Colombia, destacó Mattis.
“Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo diplomático y a través de la ayuda humanitaria. Pero en última instancia, este régimen tendrá que irse”, enfatizó.
Naciones Unidas (ONU) prometió el lunes 9,2 millones de dólares en ayuda para Venezuela, donde el hambre y las enfermedades prevenibles están aumentando debido a la escasez de alimentos y medicamentos. Maduro atribuye los problemas del país a las sanciones estadounidenses y a una “guerra económica” liderada por adversarios políticos.
Críticos del gobierno celebraron el compromiso de la ONU como un reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas de que el país enfrenta una crisis humanitaria, algo que Maduro ha negado en el pasado, y un paso hacia el tratamiento de una población privada de servicios básicos.
Pero a algunos les preocupa que los fondos puedan alimentar la corrupción del gobernante Partido Socialista, que quedó al descubierto a principios de este mes cuando un extesorero venezolano dijo a los fiscales estadounidenses que recibió sobornos por 1.000 millones de dólares.
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