A 100 días de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el gobierno se aprestaba a publicar sus planes para un sistema de inmigración post-Brexit que pondrá fin al libre ingreso de ciudadanos europeos al Reino Unido.

El secretario de Interior, Sajid Javid, dijo que las propuestas apuntan a crear un «sistema de inmigración basado en la pericia y construido en torno al talento y la experiencia que pueda aportar la gente, no en su lugar de origen».

En la actualidad, cuando rigen las normas de libertad de desplazamiento del bloque, cualquier ciudadano de la UE puede vivir y trabajar en Gran Bretaña, pero eso finalizará en marzo. El gobierno dijo que una vez finalizado el período de transición post-Brexit, se aplicarán las mismas normas a todos los inmigrantes, cualquiera que sea su lugar de origen.

El gobierno no limitará el número de inmigrantes capacitados y bien pagos que pueden radicarse en Gran Bretaña, pero sí el de trabajadores de «baja capacitación».

Las normas no se aplicarán a los más de 3 millones de ciudadanos de la UE que viven actualmente en Gran Bretaña. El gobierno ha dicho que podrán quedarse incluso si el Brexit se consuma sin un acuerdo sobre las relaciones futuras.

La inmigración fue un factor principal que dio impulso al voto a favor de la salida, y la primera ministra Theresa May ha hecho de la «recuperación del control de nuestras fronteras» su objetivo clave en el Brexit.

Pero eso la ha enfrentado con muchos jefes de empresa y miembros de su propio gobierno conservador.

Enormes segmentos de la economía británica, desde la agricultura hasta el cuidado de la salud, han pasado a depender de los trabajadores europeos, más de 1 millón de los cuales se han asentado en el país en los últimos 15 años. Las empresas temen que el corte al ingreso de trabajadores de baja capacitación provoque una gran carencia de mano de obra.