Margarita Cedeño. Vicepresidenta de la República.

SANTO DOMINGO.  La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, dijo ayer que la región de América Latina y el Caribe enfrenta una crisis de desconfianza hacia las instituciones públicas, que debe preocupar a los entes públicos y mover a la acción a quienes participan del espectro donde se mueven los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales y, claro está, las instituciones públicas.
En el artículo semanal que publica en el Listín Diario, la ejecutiva indicó que los ciudadanos demandan mejores servicios públicos, sin embargo, existen serias brechas entre estas aspiraciones y el compromiso de dedicar una mayor parte de sus ingresos al pago de impuestos o tasas de servicios.

«Al final de cuentas, como ha publicado el Banco Interamericano de Desarrollo en un reciente informe, que ha sido discutido bastante en el país, los ciudadanos «prefieren los programas gubernamentales que ofrecen resultados inmediatos», en lugar de los programas que dejan beneficios en el largo plazo», indicó la vicepresidenta.

Detalla que la pregunta que ya ha surgido en otras ocasiones, pero que aún espera respuesta, es cómo pueden los funcionarios públicos, electos y designados, recuperar la confianza pública.

«La cuestión se propaga desde dentro hacia afuera. Inicia en el círculo familiar, continúa en el círculo comunitario hasta llegar a la esfera nacional. Por ejemplo, el más reciente Latinobarómetro indica que un 63% de los ciudadanos brasileños tiene poca confianza en los miembros de su comunidad. En contraste, en Estados Unidos, ese número baja hasta un 20%», apunta a través del escrito.

Asegura que es un indicador de cómo se está construyendo la dinámica de vinculación dentro de las comunidades, lo que a la corta y a la larga, se refleja en la interacción con las instituciones y las personas que hacen presencia en cada demarcación.

Argumenta que las instituciones públicas deben, por ende, ahondar en lo que sucede dentro de las comunidades, para abordar la situación de desconfianza existente. Como bien indica el informe del BID, aunque los ciudadanos son quienes eligen a sus representantes, el sistema político-institucional existente crea un incentivo  perverso enfocado en logros en el corto plazo, en lugar de la implementación de políticas públicas complejas y que requieren tiempo para generar resultados.

Para algunos resultará ocioso el tema, pero en general, a simple vista, es una realidad que está generando graves consecuencias en varios países de la región, que resultan en un menor desarrollo económico y una menor inversión social.

La situación se convierte en un círculo vicioso, en la misma medida en que la desconfianza se extiende desde los actores institucionales hasta sus políticas y viceversa. ¿Sobrevivirá la democracia a la crisis de confianza? Al cómo que ya hemos esbozado antes, se suma esta inquietud que es filosófica y práctica.

Hay cambios estructurales que tendrán que esperar. La usanza de la política dominicana advierte que es mejor iniciar con pequeños avances, aunque significativos. En consecuencia, debemos apostar por reformas a lo interno de las instituciones, que al sumarse, generen cambios en los distintos sectores de la sociedad.

Esa tarea debe iniciar en las comunidades, como primer punto de aglomeración política, facilitando el ejercicio ciudadano de los derechos y deberes, con transparencia y un enfoque hacia la rendición de cuentas.

El empoderamiento colectivo de los ciudadanos es esencial. Los partidos políticos cargan con el mayor peso para que una mayoría de los ciudadanos vuelvan a sentirse representados por las instituciones públicas.