SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público de Santo Domingo Oeste obtuvo tres meses de prisión preventiva contra un cuarto imputado apresado en flagrante delito mientras participaba en el embargo ilegal perpetrado el pasado jueves contra la empresa Hormigones Tavares Industrial, del sector Manoguayabo.

La medida de coerción fue impuesta por la  Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste contra el imputado Francisco Miliano Reyes, disponiendo el cumplimiento de la misma en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

El órgano persecutor del sistema de justicia indicó que con la medida impuesta a Miliano Reyes suman cuatro los imputados con igual medida de coerción por su vinculación a este caso, al tiempo que indicó que la pasada semana también les fue impuesta prisión preventiva de tres meses en el penal de La Victoria a los imputados Osvaldo De León García, José Rafael Riera Castellanos y Luilli Yovani Reyes.

Tras ofrecer la información a través de un comunicado de prensa, la institución destacó que la coerción fue impuesta luego que el tribunal acogiera diferentes evidencias documentales, ilustrativas y materiales que fueron presentadas por la Fiscalía de Santo Domingo Oeste contra los encartados.

Indicó que a  este caso se le ha otorgado la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266 y 309 del Código Penal Dominicano, y a los artículos 66 y 67 de la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Se recuerda que el hecho ocurrió el día 13 del presente mes, alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando los citados imputados y otras personas hasta el momento no identificadas, se presentaron a la empresa Tavares Industrial y escenificaron una balacera donde resultó herido el imputado Luilly Yovanni.

El Ministerio Público recordó la advertencia del procurador general de la República, Jean Rodríguez, de que continuarán actuando drásticamente contra los intentos de ejecutar embargos irregulares y que en estos casos se pedirá en los tribunales la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción.