Dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) alertaron hoy sobre la “evidente intención” del presidente de esa organización, Miguel Vargas Maldonado, de utilizar el tiempo en provecho de sus intereses para decidir sobre las alianzas, acuerdos y cuotas, olvidándose de que es una facultad propia de las autoridades que surjan como resultado de un proceso convencional interno.

Los miembros de la corriente interna “Por el Rescate del PRD” depositaron una carta en el Tribunal Superior Electoral (TSE) en la que plantean, “respetando la naturaleza institucional de esa instancia”, sobre los plazos consignados en el nuevo ordenamiento electoral.

Para Tonty Rutinel, Ruddy González, Melania Salvador, Guido Gómez Mazara, César Guzmán y Andrés Henríquez, el hecho de que desde el 13 de marzo próximo, el TSE esté en capacidad de decidir respecto de la sentencia concerniente a la celebración de una convención ordinaria, habilita la organización del evento llamado a elegir las nuevas autoridades.

En ese sentido, consideraron que si el tribunal ratifica vía sentencia la decisión emitida hace 11 meses que conduce hacia una competencia por los puestos principales de la entidad partidaria, los actuales administradores de las siglas estarían seducidos a tomar medidas más allá del período para el que fueron electos.

Señalaron que en el orden práctico, tanto el 6 y 22 de junio representan plazos fatales para que los partidos detallen sus compromisos en el orden de las alianzas, pactos y cuotas.

En ese orden, plantearon que una decisión del Tribunal Superior Electoral que ratifique su voluntad como resultado de una solicitud de revisión emitida por el Tribunal Constitucional (TC), abre las compuertas para una definición de los cargos institucionales que tendrían que ser decididos en menos de 60 días.

“Por El Rescate del PRD” opina que el Tribunal Constitucional, al decidir con una “extraña velocidad” sobre revisar la sentencia TSE 002-2018, afectó el calendario y los compromisos ordinarios del partido blanco que en la actualidad, “no solo anda en un limbo en el orden de sus autoridades”, sino que la llegada a conclusión del ejercicio institucional genera un estatus de “usurpación” en dirigentes que caducaron en sus posiciones.

Los dirigentes del PRD señalaron que comunicarán a las miembros de la Junta Central Electoral, así como lo han hecho con los del Tribunal Superior Electoral, porque la suerte del partido blanco, posterior a una sentencia que ratifique la decisión original obligando a Vargas Maldonado a someterse al escrutinio de las bases de la organización, debe ser organizada conforme al régimen electoral nuevo en el que la JCE es la responsable de fiscalizar las competencias internas.

Reiteraron su compromiso de luchar en los escenarios institucionales para devolverle al PRD la senda democrática, compitiendo libremente y cerrando toda posibilidad de que manejos del poder, en franca coordinación con el sector Vargas Maldonado, burlen decisiones emanadas de los tribunales porque para ellos “la política debe prevalecer sobre el derecho”.

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