SANTO DOMINGO. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), junto a diversas organizaciones representativas de sectores de la economía, mediante comunicado, lamentaron que en la más reciente convocatoria no se haya concretizado la firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico en la República Dominicana.
El Conep y las asociaciones empresariales afirmaron que la situación del sector eléctrico ha sido durante décadas una de las principales debilidades estructurales del país. Es por esto, que deploran la imposibilidad de firmar e implementar el Pacto Eléctrico. A su vez, consideran que este retraso posterga el cumplimiento de los plazos establecidos, y aleja las posibilidades de mejorar las condiciones del sector, pero sobre todo de disminuir los apagones, costos y pérdidas, lo que beneficiaría a todos los dominicanos.
En un documento enviado a los medios afirman que se dedicaron miles de horas en reuniones y discusiones que permitieron arribar a 212 consensos y 14 disensos entre actores de gobierno, partidos políticos, sector privado, sector laboral y sector social. Desde finales del año 2017 han estado esperando su adopción.
Explicaron que han abogado y abogan por su firma, en el entendido de que es un acuerdo que establece una hoja de ruta hacia un sector eléctrico confiable, competitivo y ambientalmente sostenible.
Entienden que los consensos logrados en la concertación del Pacto Eléctrico, abordados en los ejes estratégicos del sector, permitirían mitigar los entuertos que ha provocado la crisis del servicio eléctrico por más de 50 años el país.
Entre esos consensos citan el cumplimiento de la Ley General de Electricidad, 125-01, y actualización del marco jurídico-normativo; reestructuración del marco institucional vigente, en procura de reducir solapamientos e ineficiencia; proyección y planificación del sector en el corto, mediano y largo plazo, en las áreas de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, asumiendo compromisos que van más allá de una gestión de gobierno.
También el plan de ruta para atraer inversión en energía renovable y mecanismos para proveer mayor seguridad jurídica a las inversiones en el sector; programa de mejora calendarizado y metas concretas para lograr la eficiencia, sostenibilidad y reducción de las pérdidas en las Edes, con miras a reducir los sobrecostos a los usuarios del servicio y los apagones; Transparencia en la tarifa eléctrica y focalización de los subsidios a los sectores vulnerables, así como en las inversiones y contrataciones; y el plan a cinco años para garantizar la sostenibilidad financiera del sector eléctrico y la reducción de las transferencias del gobierno a las distribuidoras.
Dijeron estar convencidos de que el cumplimiento de esos acuerdos debe ser un compromiso de todos los sectores, de obligatoria atención de las autoridades y monitoreados por la sociedad a través de los mecanismos de seguimiento y veeduría que han sido contemplados.
Reconocieron, que si bien el Pacto Eléctrico es un mandato legal establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), están conscientes de que su éxito estará directamente vinculado a la voluntad política y compromiso nacional que se manifieste para su estricta implementación.
También, recordaron que para seguir el ejemplo de los países más exitosos, la República Dominicana debe ser capaz de llegar a consensos sobre la base del interés común. “El ejemplo de aquellos que han sido visionarios, y han sabido colocar el interés nacional por encima de los intereses coyunturales”, enfatizaron.
Señalaron que están alzando su voz a la sociedad para que se actué de cara al futuro; “la voz de un sector privado responsable y comprometido con su país, y dispuesto a promover y asumir compromisos en favor de su progreso”.
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