SANTO DOMINGO. Con la suspensión de la firma del Pacto Eléctrico que estaba programada para este miércoles, suman dos las posposiciones de este acuerdo. La primera se produjo el 2017 cuando el Partido Revolucionario Moderno (PRM) pidió ser parte del proceso y ahora en el 2019 está planteando algunos puntos que como organización política entiende que deben ser tomadas en cuenta.
La información la difundió la Presidencia de la República y fue confirmada por una fuente ligada al Consejo Económico y Social (CES). El PRM esperó el último minuto para presentar el documento que contiene 10 puntos a tomar en cuenta.
Entre los puntos planteados por el PRM están: 1. Que se respete la Ley General de Electricidad y se derogue cualquier decreto o disposición que la viole; 2. Realizar una reestructuración en referencia a la CDEEE de tener un solo Consejo de Administración y fusionar las tres distribuidoras en una; 3. El Compromiso en firme en dicho pacto de eliminar, en un plazo no superior a 18 meses el problema de los apagones en todos los sectores del país; 4. Realizar las auditorías de lugar a las Distribuidoras, que desde el año 2012 no han sido realizadas; 5. Aplicar un programa de reducción de gastos en las distribuidoras y llevarlo a un tope de un 10% sobre sus ingresos, tal como recomiendan diversas firmas internacionales.
También apuntan que se debe establecer un programa de licitaciones para la contratación de energía con total transparencia y eliminar contratos grado a grado; 7. aplicar un sistema de tarifa social transparente acorde con la población de más bajos recursos y/o población vulnerable; 8. El compromiso de no realizar aumento de tarifas hasta tanto las distribuidoras apliquen su reducción de gastos operativos al 10% de sus ingresos; 9. Que se transparente el proceso de ejecución de Punta Catalina, a través de una empresa de auditoría independiente y que se realice una licitación transparente para determinar el precio de la energía al que venderá dicha central y 10. La participación de la oposición, el sector social y representantes de los consumidores, en el proceso de seguimiento al pacto.