Ángel Rondón

El ministerio público expresó ayer que posee más de 114 pruebas documentales, testimoniales y materiales en contra del imputado Ángel Rondón, lo que permitirá que se dicte auto de apertura a juicio.

Durante la presentación de la enumeración de las pruebas que el ministerio público prometió llevar contra del imputado, se encuentran ocho testimoniales y cinco pruebas documentales consistentes en las delaciones de los ejecutivos de Odebrecht.

Igualmente, leyó en el tribunal 72 pruebas documentales que depositarán en contra de Rondón, 25 pruebas materiales y cuatro pruebas ilustrativas, aparte de las que presentarán en contra de los demás acusados de recibir sobornos por 92 millones de dólares de parte Odebrecht para la adjudicación de contratos multimillonarios para la construcción de obras. El fiscal Milcíades Guzmán afirmó que las pruebas enumeradas las acreditarán ante el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, quien conoce el juicio preliminar en contra de los siete implicados en el caso Odebrecht.

Tras ser preguntado sobre la legitimidad de las pruebas, las cuales según los imputados contienen muchos errores, el fiscal Guzmán respondió que una prueba no tiene que ser tan legítima o menos legítima, sino que simplemente tiene que ser legal.

“Nosotros estamos cumpliendo con el principio de legalidad, nosotros todo lo que hemos aportado, lo hemos hecho como lo establece la ley”, adujo a la salida de la sala de audiencia el fiscal de Santo Domingo Este, quien fue designado en el caso Odebrecht.

Mientras que el juez recesó la audiencia para el próximo lunes, a las 9:00 de la mañana, a fin de que el ministerio público continúe con la presentación de la enumeración de las pruebas que pretende depositar en contra del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.

Rondón manifestó que es extraña la negativa del ministerio público en que se dé lectura a las pruebas documentales contra los imputados que dicen poseer.

Sostuvo que las imprecisiones del ministerio público en la presentación de la enumeración de las pruebas tienen demasiadas inconsistencias y muchas duplicaciones de partidas, así como muchos inmuebles duplicados. Manifestó que los documentos que sirvieron de base para la medida de coerción en contra del grupo y lo que sirvió de soporte para instrumentar el expediente acusatorio, está basado en las delaciones de cinco o seis imputados en Brasil.

“Es indispensable que el país y el mundo conozcan qué es lo que dicen los delatores con relación a la República Dominicana, a quiénes han sobornado o quiénes han recibido soborno”, acotó Rondón.