“A mi hijo me lo mataron”, dijo entre lágrimas a la AFP Zuleyma Ponte, de 50 años. “¿De quién es la culpa? Es falta de supervisión, falta de gobierno serio, porque el gobierno no es serio”.

“En la comisaría lo que se presentó fue una masacre contra esas criaturas”, afirmó Ponte, al asegurar que el viernes varios familiares apostados cerca de la estación policial escucharon a los detenidos, entre ellos su hijo de 33 años, gritar: “No nos dejen morir”.

Según el secretario de Seguridad Ciudadana de Portuguesa, Óscar Valero, los 29 presos murieron el viernes en un enfrentamiento cuando intervinieron agentes de Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) para controlar un “intento de fuga masiva”.

Los reclusos, afirmó Valero, recibieron a los agentes con “una lluvia de disparos” y la detonación de tres granadas, ataque que hirió a 19 funcionarios policiales.

– “Entreguen los cuerpos” –

“Lo que queremos es que, por favor, nos entreguen a nuestros muchachos y se acabó, no los van a revivir, entréguennos a nuestros familiares e indaguen a los funcionarios”, dijo irritada Aliris Pérez, una maestra de 34 años cuyo hermano de 24 falleció en la comisaría.

Pérez, que se encontraba cerca del centro cuando se produjo el motín, dijo haber escuchado gran cantidad de detonaciones y haber visto que llegaban “muchas autoridades” al recinto.

Un funcionario del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, que no se identificó, indicó a la televisora por internet VPI este sábado que el trabajo en la morgue se retrasó a la espera de material de trabajo traído de Caracas, 350 km al este.

“Nos apoyaron con los insumos, guantes, batas, botas de autopsias, bisturís, que no habían”, indicó el funcionario, en este país hundido en la peor crisis económica de su historia reciente.

Ya se han realizado las primeras ocho autopsias, agregó.

La violencia es recurrente en el medio millar de sobrepoblados centros de detención preventiva en Venezuela. El código penal establece que los acusados no deben pasar más de 48 horas en estos centros, pero en la práctica funcionan como prisiones.

La opacidad oficial es una constante ante hechos como estos. El Ministerio de Asuntos Penitenciarios no suele informar, aduciendo que centros como el de Acarigua no están a su cargo.

En la comisaría de Portuguesa, con capacidad para 60 personas, había unos 500 reclusos, según un parte interno policial al que tuvo acceso la AFP.

– Condenas de defensores de DDHH –

Organizaciones de derechos humanos condenaron los hechos y pidieron una investigación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó en Twitter “su especial preocupación por los altísimos niveles de violencia en cárceles en Venezuela” y pidió “medidas inmediatas que garanticen la vida” de los detenidos.

Las pesquisas deben establecer no solo a los responsables materiales e intelectuales, sino a “autoridades responsables por acción u omisión”, indicó la CIDH, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos.

De su lado, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Érika Guevara Rosas, escribió en Twitter que el hecho de que las personas estuvieran “bajo la custodia del Estado, (…) deja al gobierno de Nicolás Maduro como principal responsable de estas muertes”.

Las hacinadas cárceles venezolanas son escenario frecuente de sucesos sangrientos.

En marzo de 2018, 68 detenidos murieron en un incendio durante un motín en unos calabozos policiales de Valencia (norte), y en agosto de 2017 una reyerta dejó 37 reclusos fallecidos en un centro de detención provisional en Amazonas (sur).

Más de 400 personas han muerto en cárceles venezolanas desde 2011, según organizaciones de derechos humanos.

Fuente: el Nuevo Herald