A propósito de la investigación sobre nuevos datos filtrados del caso Odebrech, el abogado y dirigente político Guido Gómez Mazara, quien estuvo este lunes en El Gobierno de la Tarde, informó que en la mañana de hoy depositó ante la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), una relación de documentos para, si en un plazo de 45 días no se toma acción, se querellarán penalmente contra Andy Dauhajre.

“Hemos dicho que si en un plazo de 45 días no hay ninguna acción, nosotros de conformidad con el artículo 22 de la Constitución nos vamos a constituir para querellarnos penalmente contra el señor Andrés Dauhajre hijo”, advirtió Gómez Mazara, quien agregó que el depósito de documentos tiene 210 páginas con transacciones y operaciones de toda índole.

Recordó que el punto de partida es que hay un contrato de 500 mil dólares en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) a favor de Dauhajre.

“Los pagos ocultos numerados, determinados con beneficiarios y con seudónimos comenzaron en enero de 2014 oficialmente. La adjudicación de Punta Catalina fue en diciembre del 2013. Los montos de construcción definidos eran 1,495 millones de dólares y 95 para la construcción del puerto y ahí comienzo a dar conexiones”, explicó el abogado y político.

Señaló que se adquiere un apartamento en el mismo momento que se inicia el ciclo de pagos ocultos.

“Se inicia el proceso de hacer el acuerdo de compra de un apartamento ubicado en la calle 52 con Sexta… el monto de ese apartamento: 2 millones 051 mil de dólares”, destacó Guido.

Expresó que la pregunta que surge en el camino por los tiempos es: “que si el señor Dauhajre era asesor de la CDEEE y generaba 500 mil dólares por contrato… ¡qué suertudo es! que en menos de dos meses con posterioridad a su responsabilidad, que el contrato establecía que era diseñar los perfiles económicos de la licitación, él pasa de un lado de la mesa a otro lado con una serie de pagos que su monto global alcanza el monte de US$ 3 millones”.

Manifestó que cuando depositaron doscientas y tantas páginas ante el Pepca y que en esos documentos establecieron como características de esa operación: “soborno, lavado de activos y violación al Código Tributario de la República Dominicana”.