“Luego de cursar una solicitud, Participación Ciudadana recibió de la comisión bicameral el primer y segundo informe remitido por el presidente Medina al Congreso. Estos contienen una larga relación de actividades y medidas tomadas desde la declaración de emergencia, la mayoría de las cuales son ya de conocimiento público, pero carecen de información financiera, económica y estadísticas que permitan medir su efectividad y costos”, sostuvo el consejo nacional de PC en el comunicado.

Para los próximos informes, Participación Ciudadana demanda que se incluyan las siguientes informaciones de forma detallada y precisa:

Relación de las donaciones recibidas por el gobierno, por fuente y montos, así como los nombres de las instituciones y organizaciones a las que fueron destinadas esas donaciones.

Partidas presupuestarias que han sido afectadas y detalle de la ejecución presupuestaria de los fondos públicos destinados al combate de la pandemia y a la asistencia económica a instituciones y personas.

Relación de las compras efectuadas bajo el amparo del estado de emergencia, por empresa y montos.

Detalles de ejecución de los programas FASE incluyendo lista de las empresas beneficiarias, por montos y cantidad de trabajadores.

Detalles del programa Quédate en casa, incluyendo cantidad de beneficiarios y distribución geográfica.

Relación de centros destinados y contratados para realizar las pruebas del coronavirus, fuente de financiamiento de los mismos y distribución geográfica.

Costos y cantidad de pruebas PCR realizadas por laboratorios privados, ya que las mismas están siendo financiadas con fondos públicos.

Detallar el apoyo dado por el Ministerio de Hacienda a las industrias farmacéuticas en la producción e importación de medicamentos e insumos, para que estos lleguen a precios adecuados y las medidas tomadas para que realmente sean transferidos a la población.

Incluir en los informes al Congreso un apartado especial con detalles de todas las medidas monetarias y financieras tomadas por el Banco Central, los montos involucrados y beneficiarios.

Participación Ciudadana entiende que todas esas informaciones son necesarias para la fiscalización a la que está obligado el Congreso Nacional y para los trabajos de la comisión de veeduría designada, así como para la ciudadanía en general.