En España más del 71 % de los fallecidos con coronavirus han sido residentes en geriátricos. En total, 19.549 mayores internos en estos centros han muerto entre marzo (cuando se inició la pandemia en el país) y mayo con covid-19 o síntomas compatibles. Aunque el drama ha sido similar en muchos otros países europeos, ninguno se acerca a las cifras españolas.

Según los últimos datos disponibles, los decesos en residencias de mayores han supuesto el 35 % del total en Alemania, el 50 % en Francia, el 55 % en Bélgica y el 40 % en Portugal.

Quizá el único país con una situación similar a la española sea Italia, según demuestra un informe publicado la semana pasada por el Instituto Superior de Sanidad de ese Estado, aunque los datos son inciertos pues solo cuentan con cifras de menos de la mitad de los centros de mayores del país.

Lo que sí constata el documento italiano, al igual que en el caso español, son las dificultades a las que se enfrentaron para frenar la epidemia en los centros donde se concentraba la población más vulnerable al nuevo virus: falta de sanitarios y de personal en general, falta de material de protección contra el contagio y dificultades para el traslado de estos pacientes a centros hospitalarios, principalmente.

Alarmados desde el principio

En España las alarmas saltaron al inicio de la crisis sanitaria. Cuando todavía no habían pasado diez días desde que se decretara el estado de alarma y el confinamiento de la población, el 23 de marzo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció que miembros de las Fuerzas Armadas habían encontrado internos de residencias de ancianos muertos en sus camas.

«El Ejército ha podido ver ancianos, mayores, absolutamente abandonados cuando no muertos en sus camas», sostenía la ministra en una entrevista televisiva en la que avisaba de que se serían «absolutamente implacables y contundentes» en estos casos.

Posteriormente, llegaron las denuncias de trabajadores que alertaban de la falta de cualquier tipo de material de protección contra el contagio: ni guantes, ni gafas, ni mascarillas, ni equipos de protección individual. Los familiares de los residentes en estos centros acusaban la falta de información en un momento en que las visitas estaban prohibidas. Muchos no supieron nada de sus familiares hasta que les comunicaron su defunción. No se habían podido despedir de ellos en vida y tampoco lo harían después, con los velatorios y los funerales restringidos a la mínima expresión por el confinamiento.

Pero la gota que colmó el vaso fue el goteo de informaciones que se ha producido en las últimas semanas, que apuntan a que las autoridades restringieron el acceso de este tipo de pacientes a centros hospitalarios. De entre los mayores de 80 años, solo el 44 % de los pacientes con covid-19 llegaron a pisar un hospital, según el último informe de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III. Una gran parte de los que no lo hicieron eran residentes en geriátricos.

La Comunidad de Madrid en el centro de la polémica

La Comunidad de Madrid ha sido el auténtico punto negro de la situación de los geriátricos en España. En esta región han fallecido el 18,1 % de los residentes en centros de mayores entre marzo y mayo, en total casi 8.000 personas, es decir, casi uno de cada cinco de los usuarios que los centros de este territorio tenían antes de la epidemia de coronavirus. De ellos, solo a 1.203 se les realizó pruebas que confirmaban la infección por covid-19.

El resto de territorios del país refleja unas cifras muy alejadas de las de Madrid. Así, en Cataluña han muerto el 9,6 % de estos residentes, en Navarra el 8,7 % y en Asturias el 6,3 %. El resto de regiones presentan cifras aún menores.

Estos datos, que han sido remitidos al Ministerio de Sanidad por los gobiernos de las Comunidades Autónomas, reflejan una gran paradoja. Así, mientras Madrid presenta los peores datos epidemiológicos, es una de las regiones que menos residencias ha investigado en el marco de esta crisis sanitaria. La Comunidad de Madrid abrió expedientes a 14 de sus más de 700 centros, mientras que Cataluña lo hizo en 209 y Asturias (con una población seis veces menor) en 112.

Según el último informe remitido por la Fiscalía General del Estado sobre las demandas civiles y penales con respecto a las residencias de la tercera edad, ya son 224 los casos que están siendo investigados, de los que Madrid aglutina la mayoría: cinco diligencias civiles, más de 120 diligencias penales y 6 procedimientos penales. El resto de los casos están diseminados por el todo el territorio español.

Recuperando las visitas

El 14 de marzo, con la declaración del estado de alarma y el decreto del confinamiento para toda la población, se prohibieron las visitas a las residencias de ancianos. A partir del 1 de junio, cuando el 70 % de la población accedió a la fase dos de la desescalada de las medidas restrictivas comenzó a permitirse en esos territorios la entrada de familiares a los centros geriátricos.

Pero cada Comunidad Autónoma impuso diferentes medidas al respecto, como limitar el tiempo máximo de las visitas, la frecuencia o cumplir con higiene y medidas de prevención del contagio. Por ejemplo, Madrid recuperó estos encuentros el 8 de junio con un único visitante, con cita previa y sometiéndose a controles de temperatura y cuestionarios previos.

Ahora, con la entrada de todo el país desde este domingo 21 de junio en lo que se ha denominado ‘nueva normalidad’ ya todos los territorios permiten que los centros de la tercera edad abran las puertas a los allegados. El último en autorizarlo ha sido Castilla-La Mancha, que desde este lunes permite encuentros de hasta 60 minutos en lugares específicos que deben ser desinfectados después de cada uso, siempre en centros que no hayan tenido ningún caso positivo en los últimos 14 días.

Fuente: RT