SANTO DOMINGO. Con inversiones en marcha y proyectadas por US$2,600 millones, la minería metálica y no metálica jugará un rol de primer orden en la recuperación de la economía de República Dominicana en la crisis causada por el COVID-19.

El planteamiento fue hecho por José Bernardo Sena, expresidente de la Cámara Minera y Petrolera de República Dominicana (Camipe) y consultor del sector, en la actividad virtual “Un café con Multivalores”, puesto de bolsa, con la coordinación de su gerente general, Erick Jerez.

Al desglosar las inversiones proyectadas, Sena explicó que se cuenta con US$1,300 millones de Barrick Pueblo Viejo (oro, plata, cobre); Falcondo, US$190 millones (niquel, hierro) y Cerro Maimón US$1,000 millones (cobre y zinc).

Destacó que tan solo en el primer trimestre de este año, y en plena crisis causada por el coronavirus, la minería generó US$194 millones cuando todos los sectores que producen divisas estaban cerrados.

Afirmó que actualmente de las dos mineras grandes que están operando en el país, el Estado está obteniendo alrededor del 50 % de los beneficios, por lo que hizo un llamado a que se entienda el ciclo minero y que los ministerios se conviertan en facilitadores de la inversión en lugar de bloquearlas.

Puso como ejemplo el caso de Gold Quest, que, luego de 15 años de inversión en exploración con una inversión US$50 millones, «de repente» se le creó un área protegida donde estaban descubiertos los yacimientos.

Sugirió fortalecer al Ministerio de Energía y Minas en políticas competitivas que atraigan inversiones y señaló que es muy importante la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial para tener claridad sobre qué tipo de actividad económica puede funcionar en cada lugar.

El experto indicó que, por la confianza en el país, las empresas mineras “juniors” -que se nutren de fondos del mercado de valores- han invertido en los últimos 10 años cerca de US$70 millones en busca de metales preciosos en San Juan, Dajabón y Santiago Rodríguez.

A juicio de Sena, las tecnologías y el sentido de responsabilidad ambiental de la minería de estos tiempos hace viable los proyectos, pero que se requieren políticas públicas claras que despejen las incertidumbres y propicien estabilidad para las inversiones.

Valoró como hecho de alta trascendencia que la República Dominicana haya sido admitida en la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI), porque contribuye con el uso eficiente de los recursos provenientes de la actividad minera que llegan al Estado.