La cúpula empresarial dominicana reafirmó su advertencia sobre efectos devastadores que tendría para la economía nacional la posibilidad de que se apruebe el proyecto de ley mediante el cual se entregaría el 30 por ciento de los fondos de pensiones a los trabajadores suspendidos por los efectos de la pandemia del Covid-19-

“Nosotros estamos en contra de esto porque las consecuencias serían nefastas”, afirmó Pedro Brache,  presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa (Conep), al ser entrevistado mientras asistía al acto de toma de posesión del presidente Luis Abinader en el Congreso Nacional.

En igual sentido, llamando a no tocar los fondos de pensiones se pronunció el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIR), Celso Marranzini, quien estuvo también presente en el acto de juramentación del nuevo mandatario.

Tanto  Brache como Marranzini reiteraron la posición que los principales órganos empresarial e industrial del país han mantenido siempre en contra de la citada iniciativa legislativa, coincidiendo con otras personalidades de la vida nacional y organizaciones de diferentes sectores de la sociedad que incluyen a dirigentes sindicales.

Marranzini volvió a advertir sobre los efectos perjudiciales que el proyecto de ley tendría para la economía nacional y también para la propia clase trabajadora.

“Eso suena muy atractivo, pero en realidad económicamente tendría muchos perjuicios como muy se ha explicado, no solamente por el aumento desmedido de la emisión monetaria, sino porque también perjudica a largo plazo a los trabajadores, ya que mermaría su capacidad de ahorro”, afirmó el dirigente empresarial al ser entrevistado por los periodistas.

En cambio, Marranzini sugiere otras alternativas y en ese sentido plantea que “sería tal vez mejor apoyar a las empresas más vulnerables que han sido las más afectadas por la crisis sanitaria, para que tengan la capacidad de recuperar empleos y de atraer inversiones y fortalecer los sectores productivos” del país.

Al abundar sobre el tema y las preocupaciones que ha generado en diferentes sectores nacionales, Marranzini indicó que de esta manera se podría contribuir a la toma de decisiones para que “como país salgamos fortalecidos y podamos generar más y mejores empleos en el futuro”.

Tanto Brache como Marranzini fueron entrevistados acerca de las advertencias formuladas por diversas organizaciones del país ante los temores de que usar parte de los fondos de las AFP en medio de la crisis sanitaria del coronavirus pueda desatar un trastorno mayúsculo en varias áreas vinculadas estrechamente al desenvolvimiento de la economía nacional.

Uno de los principales argumentos expuestos en contra de la entrega de parte de los fondos de pensiones es que su aplicación resultaría inviable, ya que el Estado dominicano quedaría desprovisto de recursos por la enorme descapitalización que supondría una desinversión de RD$173,000 millones, que es lo que equivalen el 30% de esos recursos.

Los sectores opuestos al proyecto, además argumentan que, en la eventualidad de su aprobación, porque se pondría a los trabajadores a asumir todo el peso de la crisis sobre sus hombros, en lugar del Estado, afectando a sus propias pensiones futuras y teniendo que trabajar de 2 a 4 años más de lo previsto actualmente.

En ese orden, consideran que también generaría confusión, además de incremento en la tasa monetaria, ya afectada por la crisis actual, aumentando los precios de los productos de manera desproporcionada, lo que constituiría serio golpe al bolsillo y los presupuestos familiares.