RD.- El presidente Luis Abina­der sentenció ayer que los funcionarios que no hayan hecho sus declaraciones juradas de bienes queda­rán suspendidos en sus la­bores públicas por violar la Ley 311-14.

Al ser entrevistado por los periodistas que cubren la fuente del Palacio Na­cional, Abinader hizo la advertencia de manera ca­tegórica.

“Todos los ministros lo declararon, todos los di­rectores generales lo de­clararon; y ya saben que es un periodo de 30 días. El que no lo declare esta­rá suspendido”, aseguró el mandatario.

El presidente de la Cámara de Cuentas, Hu­go Álvarez Pérez, infor­mó que hoy notificará a la Procuraduría General de la República (PGR) los casos de 1,700 funcio­narios del gobierno cen­tral que no presentaron su declaración jurada de bienes.

Álvarez Pérez sostuvo estaba preparando el lis­tado de esas personas que no han presentado su de­claración para que sean sancionadas como es­tá contemplado en la Ley 311-14 de Declaración Ju­rada de Bienes.

La promesa del Jefe de Estado de suspender a cual­quier integrante de su go­bierno que no presentara su declaración de bienes fue hecha a finales del mes de agosto de este año.

Abinader aseveró que si en un periodo de tres sema­nas, posterior al vencimiento de la fecha de entrega, no se entregaba la declaración, en­tonces ese funcionario sería destituido.

En ese entonces la fecha final para hacerlo era el 15 de septiembre, sin embar­go la Cámara de Cuentas dio un plazo para recibir la documentación hasta fina­les del 28 de septiembre, tras varias quejas de mal funcionamiento de su por­tal digital.

El plazo para que emplea­dos públicos entregaran sus reportes de bienes venció el lunes a las 12:00 de la noche.

La directora de Ética e Inte­gridad Gubernamental, Mi­lagros Ortiz Bosch, aseguró que le han dado seguimiento a las declaraciones de los fun­cionarios.

Ortiz Bosch dijo que la ley es para darle seguimiento no para guardar el papel, por lo que ahora hay que verificar los documentos entregados por los funcionarios con la Di­rección de Impuestos Inter­nos (DGII), con el registro de títulos y los bancos.

Hizo un llamado a la Cá­mara de Cuentas para que aplique los poderes que da la Ley 311-14, “nosotros lo va­mos a acompañar dándole seguimiento”.

Según la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Pa­trimonio, cuando los fun­cionario no puedan probar el origen legal de los bienes que han declarado ante la Cámara de Cuentas, en el momento que les sea reque­rido, podrán ser sometidos a la justicia por enriqueci­miento ilícito.

La ley faculta al ministerio público a iniciar una investigación por presunción de enriqueci­miento ilícito del funcio­nario público obligado a presentar su inventario de bienes al ingresar y salir del cargo.