SANTIAGO DE CHILE.- La Justicia de Chile ordenó este miércoles a un centro de salud de Santiago evaluar la interrupción del embarazo de una mujer que resultó afectada por la entrega de anticonceptivos defectuosos en el sistema sanitario público, siendo una de las 111 chilenas que quedaron embarazadas por negligencia farmacológica.

En fallo unánime, la quinta sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel resolvió acoger el recurso de protección presentado ante el tribunal por el abogado de la joven, estableciendo un actuar ilegal y arbitrario del Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde esta se atendía al no entregar una respuesta frente a la solicitud de aborto por la causal de riesgo de vida de la madre.

Crisis de pánico, angustia, falta de apetito, desánimo y carencia de motivación fueron parte del cuadro de salud que la denunciante presentó tras no recibir respuesta por parte del recinto de salud donde se atendía habitualmente, llegando incluso a “ideaciones suicidas”, según el recurso presentado.

Con estos antecedentes, el tribunal resolvió que el Cesfam “ha incurrido en una omisión que no solo resulta caprichosa y por tanto arbitraria”, además de “ilegal” en tanto se negó el derecho a la mujer embarazada de solicitar la interrupción del proceso gestacional  “en la medida que se constate la ocurrencia de los supuestos establecidos en la ley”.

Entre marzo y septiembre de 2020, el Instituto de Salud Pública (ISP), la máxima autoridad farmacológica en el país, alertó que ocho lotes de seis píldoras anticonceptivas distintas administrados en centros de salud públicos estaban defectuosos y ordenó su retiro del mercado.

Sin embargo, la institución volvió a autorizar la distribución de la marca Anulette CD una semana después de retirarla, señalando que las fallas eran visualmente detectables.

Más de 100 mujeres denunciaron embarazos no deseados por culpa de este medicamento, según datos de Corporación Miles.