SANTO DOMINGO.- El abogado Ángel Lockward ha confirmado que las cuentas bancarias del ministro de Agricultura, Limber Cruz, quien está acusado de provocar daños patrimoniales a terceros, fueron embargadas este miércoles por las entidades comerciales Casa Chepe SRL, Alianza Agrícola, SRL, Comercializadora Agroempresarial GCA, SRL, Panificadora Reyna SRL y otras.

En un despacho de prensa, explicó que las cuentas de Cruz, en los bancos Popular y de Reservas, fueron bloqueadas en razón de una demanda patrimonial que fue sometida al Tribunal Superior Administrativo (TSA), por presuntos daños patrimoniales causados por el funcionario.

También informó que, mediante la Comisión de Importaciones Agrícolas por el decreto 569-12, estableció por resolución la cuota de 150 mil quintales de importación de ajo correspondiente al año 2020-2021; y ponderó las licencias para esa importación en la friolera de mil 30 millones 506 mil 400 pesos que fueron erogados al tesorero nacional, a través de la Bolsa Agroempresarial.

Según la instancia depositada en el TSA, el despacho para un permiso de casi 100 mil quintales más, “al margen del decreto y de la resolución de la Comisión, es decir, sin la participación de ministro de Industria, Comercio y Mipymes y del director general de Aduanas -que son los otros dos miembros de dicha Comisión-, dejó sin valor económico las licencias otorgadas por el Estado para la importación del contingente de ajo, en violación al principio de legalidad, norma previa y confianza legítima que regula la Adiministración Pública.

La demanda establece, además, que “los funcionarios son personalmente responsables de cualquier actuación antijurídica que ocasione daños a los particulares, conforme disponen la Constitución en su artículo 148 y la Ley 107-13 en sus artículos 57, 58 y 59.

“El presidente de la República, Luis Abinader, ha querido dar ejemplo de cumplimiento de la ley y, en este caso, el ministro ha violado la norma en perjuicio de docenas de comerciantes que tenían derechos adquiridos por los que habían pagado al Estado”, concluye la impugnación contra el ministro.-