Durante una entrevista que le concedió al periódico El País, publicado el pasado 13 de febrero, el hoy fenecido presidente de Haití, Jovenel Moïse, advirtió que un grupo de familias y empresarios del sector eléctrico planeaban matarlo.

Para Moïse se trataba de un grupo “que controlan los principales recursos del país, que siempre han puesto y quitado presidentes y que utilizar la calle para crear desestabilización”.

Pese a la tensión en el país más pobre de América y que todos los sectores de la nación pedían su renuncia alegando que había terminado su mandato, Jovenel insistía en que no abandonaría el poder hasta febrero de 2022.

El origen del conflicto es aritmético

El origen político del conflicto está en las convulsas elecciones de 2015. Michel Martelly finalizó su gestión, pero los caóticos comicios convocados obligaron a nombrar un presidente interino de otro partido, hasta que la autoridad electoral reconoció la victoria de Moïse un año después.

Para la oposición, su gobierno comenzó el día que Martelly dejó el poder y le acusa de “dictador” por gobernar por decreto desde hace un año. Jovenel opinaba diferente:

“Mi mandato empezó el 7 de febrero del 2017 y termina el 7 de febrero del 2022. Entregaré el poder a su propietario que es el pueblo de Haití. Los oligarcas corruptos acostumbrados a controlar a los presidentes, a los ministros, al Parlamento y al poder judicial piensan que pueden tomar la presidencia, pero solo hay una camino: elecciones. Y yo no participaré en esas elecciones”, dice para despejar dudas sobre las acusaciones de la oposición de querer perpetuarse en el poder.

Jovenel Moïse fue elegido en 2015 con la promesa de llevar agua corriente y electricidad a todo el país. Por aquel entonces, de los nueve millones de caribeños que no tenían luz, siete estaban en Haití. Sin embargo, en los comicios solo participó el 21% de la población y obtuvo 600.000 votos en un país de 11 millones de habitantes.

Con poco respaldo en la calle y bloqueado por el Congreso, Moïse ha contestado gobernando por decreto desde hace un año, lo que ha recibido las críticas de la comunidad internacional. “No es cierto que sean protestas masivas ni por todo el país, no las hay. Son grupos pequeños de 30 o 50 personas en Puerto Príncipe o Gonaives. Personas manipuladas y violentas”, dijo en ese entonces.