Las elecciones presidenciales, legislativas y el referéndum constitucional previstos para noviembre y enero en Haití fueron pospuestos a una fecha indefinida, tras el despido el lunes de miembros del cuerpo electoral por parte del gobierno, hundiendo aún más el país en la crisis.

Desde su nominación en 2020 por el presidente Jovenel Moise, asesinado el 7 de julio en su residencia por un comando armado, los nueve miembros del Consejo Electoral Provisorio (CEP) han sido fuertemente criticados por la oposición y miembros de la sociedad civil.

Tras haber elaborado varios calendarios electorales durante el año, el CEP fijó la fecha del 7 de noviembre para la organización de la primera vuelta de la elección presidencial y de las legislativas, así como de un referéndum constitucional.

Pero el primer ministro Ariel Henry anunció el lunes el despido de los miembros del CEP en la gaceta oficial, y la nominación de un nuevo consejo, sin definir una fecha clara.

El asesinato de Moise en julio amplificó bruscamente la crisis institucional en la que se hunde Haití desde hace años.

Antes de su muerte, el mandatario era criticado por no haber organizado elecciones desde que asumió en febrero de 2017.

Debido a la falta de elecciones, el Parlamento haitiano no tiene diputados desde enero de 2020, y solo 10 de los 30 senadores -cuyo mandato termino en febrero de 2023- aún conservan el cargo.

La ausencia de toda agenda electoral debilita a la clase política, descompuesta y enfrentada, mientras el país encara una fuerte crisis humanitaria y de seguridad.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), unos 3.500 haitianos han sido expulsados en los últimos diez días por los servicios migratorios de Estados Unidos hacia su país de origen.

Estas expulsiones masivas y sin precedente entre los dos países se dan después de que decenas de miles de migrantes, en su mayoría haitianos, se aglomeraran bajo un puente en la frontera entre México y Texas.

Empobrecidos tras meses de periplo por el continente americano, los refugiados vuelven, tras años de exilio, a un país carcomido por la inseguridad.

Las pandillas, que controlan desde hace años los barrios más pobres de la capital, extendieron su poder a una buena parte de Puerto Príncipe, donde realizaron unos 20 secuestros en los últimos días.