Entre el catálogo de propuestas que ha analizado el Gobierno para una nueva reforma fiscal están variar el monto que se paga por el marbete vehicular, establecer un impuesto para las bebidas azucadaras, aumentar de 25 a 35 % el impuesto sobre la renta (ISR) para la escala salarial de mayor ingreso, eliminar la deducción del gasto educativo del ISR y quitar a los legisladores el privilegio de importar vehículos exonerados de impuestos.

También, se ha discutido incrementar transitoriamente la tasa de ISR a personas jurídicas a 30 % en los tres años siguientes a la aprobación de la reforma, retornando a 27 % al final de ese plazo. Además, subir a 5 % el impuesto de venta al mercado local de las empresas de zonas francas.

“Hasta el momento las políticas aplicadas por el Gobierno han facilitado la recuperación económica, un alto clima de confianza, estabilidad, recuperación del empleo a niveles pre-pandemia, con grandes inversiones en marcha”, indica la AIRD en su comunicado. “Es momento de sopesar un proceder que pueda implicar un retroceso”.

Considera que en este momento se debe ser capaz de “garantizar la reducción del déficit en el sector eléctrico y en los combustibles, aprobar inversiones pendientes que permitirán al Estado recaudar mayores ingresos, combatir firmemente los ilícitos, la evasión y la informalidad y reorientar el gasto transitoriamente del Gobierno hacia mejorar servicios a la ciudadanía, para que la medicina no sea más dura que la enfermedad”.

“El sector industrial reitera que seguirá participando del diálogo constructivo en el seno del Consejo Económico y Social y en la definición de verdaderas políticas de Estado que vayan más allá de soluciones de corto plazo”, concluye.