El Senado de la República aprobó este martes en segunda lectura el proyecto de ley de modificación del Código Penal de la República Dominicana con el respaldo mayoritario del oficialismo y el rechazo parcial de la oposición política.
Para sancionar la pieza votaron 24 de 29 senadores presentes, luego de fue completada la lectura de sus 419 artículos. Se abstuvieron de votar los senadores Bautista Rojas Gómez de la Fuerza del Pueblo, Yván Lorenzo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Faride Raful, Antonio Taveras Guzmán y Melania Salvador los tres del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM),
La pieza va ahora a la Cámara de Diputados, donde le esperan dos vistas más.
El Código Penal tiene cerca de dos décadas en espera de convertirse en ley en el Congreso Nacional. Fue aprobado en dos ocasiones, y objetado por el Poder Ejecutivo.
El vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara Alta, Yván Lorenzo, sostuvo que el país sigue en el pasado por penalizar el aborto en la recién aprobada pieza.
Agregó que sólo seis países en el mundo lo penalizan y dejó el ánimo entre sus colegas, para que más adelante puedan ser modificadas las tres causales del aborto.
“Después de miles de horas de estudio hemos logrado un nuevo Código Penal para combatir la corrupción pública y privada y la delincuencia; se ha guardado el derecho a la vida y a la igualdad de manera democrática”, declaró el senador Ramón Rogelio Genao al defender la aprobación.
Agregó el senador reformista que la pieza “es un gran paso de avance en el penalismo dominicano”. “Al mayor de edad que le canten 60 años se le estará sentenciando a ‘cadena perpetua’. Por eso decimos que este Código tienen condenas ejemplares”, agregó Genao.
La senadora y vocera del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Faride Raful volvió a expresar su desacuerdo con la penalización del aborto, alegando que el mismo quita derechos a la mujer.
“Se ha querido manipular mucho el tema, para que, la mujeres que no tienen voz, las pobres, las violadas, las que son víctimas de incesto, en una sociedad de desigualdad, sean protegidas por un sistema sanitario, si así ella lo quiere”, planteó Raful.
El senador Antonio Taveras Guzmán sostuvo que no desea tergiversar la realidad, pero desea aprobar un Código que no deje espacio a la corrupción y la impunidad.
Hizo énfasis en el artículo 328, sobre el tema del crimen de la corrupción administrativa, del cual presentó una moción que fue rechaza por la mayoría de senadores.
Guzmán pretendía que dicho artículo fuese modificado. “Este artículo establece un plazo de prescripción de veinte años para las infracciones contra el patrimonio público y consideramos que esto representa un retroceso”, acotó el congresista.
Taveras Guzmán, quien tuvo el respaldo de su colega, Pedro Catrain, solicitó sin éxito que este artículo sea modificado como originalmente llegó de la Cámara de Diputados, donde decía que las infracciones muy graves serían imprescriptibles.
De su parte, el senador y vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, arremetió contra el diputado José Horacio, quien había dicho que se había creado una jurisdicción penal especial para los asuntos militares en el Código Penal.
Sánchez les contestó que el artículo 303 no aplica en los casos cuando existan víctimas civiles, cuando existan coautores y cómplices civiles y cuando las infracciones sean contra el patrimonio público.
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