El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden reveló este jueves que ha elaborado una nueva regla de carga pública, es decir la que se aplica a personas que solicitan la residencia permanente, para dispensar un trato «justo y humano» a los inmigrantes.

La regla propuesta, que se publicará en los próximos días, niega la residencia permanente (tarjeta verde) y algunos tipos de visado si el solicitante tiene «probabilidad de depender principalmente del gobierno para su subsistencia», afirma el Departamento de Seguridad Interior (DHS) en un comunicado.

El DHS propone que no se tomen en cuenta los beneficios que no sean en efectivo, y pone como ejemplo los programas de asistencia alimentaria, el seguro médico para niños, la mayoría de los beneficios de Medicaid (que ayuda a pagar los costos de salud), las ayudas de vivienda y los bonos de transporte.

Tampoco consideraría la asistencia por desastre recibida bajo la Ley Stafford, las ayudas por la pandemia, los beneficios recibidos a través de un crédito o deducción fiscal, el seguro social y las pensiones del gobierno.

La propuesta brindaría «un trato justo y humano a los no ciudadanos», en la línea de lo prometido por Biden durante la campaña electoral para romper con la política de su predecesor Donald Trump, quien había ampliado el concepto de inadmisibilidad para abarcar a más extranjeros.

«La regla de carga pública de 2019 no fue coherente con los valores de nuestra nación», afirma el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, en el comunicado.

A partir de ahora «las personas no serán penalizadas por acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellas», afirma Mayorkas.

Por ley, muchas categorías de extranjeros están exentas del motivo de inadmisibilidad por carga pública y no estarían sujetas a la regla propuesta, como los refugiados, los asilados, los que solicitan o se reinscriben para el Estatus de Protección Temporal (TPS, un amparo migratorio), los inmigrantes especiales jóvenes y las personas amparadas bajo la Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA).