Diversas organizaciones ambientalistas han denunciado “el estado de calamidad” en la que se encuentra muchas áreas protegidas del país: Parques Nacionales, Reservas Científicas, Refugios de Vida Silvestre y Monumentos Naturales entre otras categorías de protección, donde muchos puestos de control, Administradores y Guardaparques están abandonados a su suerte.

Según las organizaciones, daría la impresión de que a pesar de la voluntad del Presidente Abinader, que incluso creó el Parque Nacional Loma Siete Picos y otras áreas, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas está pasando por uno de los momentos más críticos de su historia, pues la gestión del Ministerio de Medio Ambiente se ha limitado a soluciones cosméticas o mediáticas y no de fondo, antes las graves amenazas que acechan el más importante patrimonio natural del país.

Esta apreciación de los ambientalistas se basa en que estas importantes unidades de conservación, que ya venían en franco deterioro desde la anterior gestión de Ángel Estévez, han continuado y la tendencia hacia el empeoramiento, es evidente, en vista del estrangulamiento operativo y financiero (pagos con 2, 3 y hasta 5 meses de retraso), mediante la cancelación de gran parte (más de la mitad) del personal de protección y vigilancia, el asedio contra administradores por presiones políticas y de otro tipo, así como la falta de recursos logísticos elementales como combustible, movilidad e insumos de trabajo.

Desde octubre de 2020, gran parte del personal entrenado y competente de las áreas protegidas, ha sido cancelado alegando su condición de “empleados por nominillas”, quienes serían evaluados para pasar a nóminas formales los calificados, algo que no ha ocurrido año y medio después, permaneciendo, mediana o totalmente desprotegidas, las áreas de sus competencias y en cambio, se ha vuelto a recurrir a las mismas nominillas, designando personal sin ningún criterio, ni preparación, atendiendo a presiones políticas en cada provincia.

Más grave aún, la ola de cancelaciones en “una supuesta depuración”, se ha llevado de encuentro a servidores con 15 y 20 años en el sistema; esto se suma al hecho de que en algunos casos los Administradores más comprometidos se han visto precisados a recurrir al uso de sus propios recursos y deudas personales, para poder cumplir con su trabajo: sofocar incendios, echar combustible y hasta reparar vehículos, temas que forman para de la cotidianidad en sus funciones.

Mientras esto ocurre, en otras áreas protegidas se ha removido hasta el 100% del personal existente, siendo reemplazado por empleados nuevos con poca o ninguna capacitación previa y con total desconocimiento de su rol en las áreas designadas. De ese modo han continuado los incendios, talas de árboles, saqueos de casetas y toda una serie de delitos que se siguen cometiendo aprovechando la vulnerabilidad en el sistema.

Aunque la situación ha sido puesta en conocimiento a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, estos han reiterado una y otra vez “que eso se está resolviendo”, sin embargo, los reportes que llegan de todo el país es que “debido a supuestos conflictos internos en la actual gestión”, no se han podido mejoras la mayoría de las instalaciones, aún permanecen casetas abandonadas por desmotivación y falta del personal, en tanto que una buena parte de los que se mantienen activos se sienten “abandonados a su suerte” desarmados, sin insumos para trabajar y subsistiendo a duras penas.

Las áreas más afectadas son los Parques Nacionales Sierra de Bahoruco, Jaragua, Los Haitises, Armando Bermúdez, Sierra de Neiba, Nalga de Maco, Sierra Martín García, Cotubanamá y José del Carmen Ramírez, también los monumentos naturales Isabel de Torres, Padre Miguel Domingo Fuertes, Salto Grande (Comate y Comatillo) y las Reservas Científicas Loma Guaconejo, Las Neblinas y Dicayagua. Además, los Refugios de Vida Silvestre, Lagunas Redonda y Limón, Laguna Saladilla, entre otros.

Al tiempo de reiterar su plena disposición de apoyar en la mejora y fortalecimiento institucional del sistema de áreas protegidas, llamaron a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente a dejar de lado sus diferencias internas, unificar criterios de trabajo y prestar atención urgente a este tema, que pone en alto riesgo el control sobre la continua incursión de depredadores que cortan árboles, pescan, cazan o sustraen plantas y animales en peligro de extinción.

Los ambientalistas le recuerdan al Ministerio de Medio Ambiente, que este tiene no sólo el mandato legal, sino también el deber político y moral, de preservar a perpetuidad el Patrimonio Natural Protegido que se ha puesto bajo su responsabilidad, por tratarse de la herencia natural de todos los dominicanos y la única oportunidad para garantizar recursos indispensables para la supervivencia en la isla y la mitigación de los efectos del cambio climático.

Firman:

Academia de Ciencias de la República Dominicana
Comisión Ambiental de la UASD
INSAPROMA
Fundación Acción Verde, Inc.
SOECI