Un presidente de Brasil construyó una represa gigante que provocó tremendos daños en la selva amazónica. Recortó el tamaño de un área protegida para acomodar a los acaparadores de tierras. Canalizó millones de dólares hacia la industria ganadera hambrienta de tierras.

Pero no fue Jair Bolsonaro, —cuyas políticas en la Amazonía brasileña son bien conocidas y han provocado indignación mundial a medida que aumenta la deforestación— sino Luiz Inácio Lula da Silva, quien gobernó de 2003 a 2010 y lidera todas las encuestas para volver al cargo.

Con las elecciones de octubre a la vista, los brasileños tienen dos opciones: Lula o Bolsonaro, quien muestra un abierto desprecio por las áreas protegidas de la selva tropical. Lula ha estado bajo menos escrutinio, pero tiene un historial ambiental accidentado y muestra poca intención de hacer las cosas de manera diferente si es elegido.

En 2003, cuando Lula formó su primer gabinete, eligió a la activista de la selva amazónica Marina Silva como ministra de Medio Ambiente en un momento en que la tala de árboles era rampante. Ella puso en marcha las políticas ambientales más ambiciosas de Lula, creando áreas de conservación e impulsando la aplicación contra la alta deforestación.

Para 2012, habían reducido 84% la pérdida de bosques.

Pero el expresidente también ha dicho que no se arrepiente de la gigantesca represa de Belo Monte que desplazó a unas 40.000 personas y secó tramos del río Xingu del que dependían los indígenas y otras comunidades para pescar.

Lula ha dicho que Belo Monte era necesario para satisfacer las crecientes necesidades energéticas del país.

Por su parte, Bolsonaro siempre ha dado mayor prioridad al desarrollo que al medio ambiente.

Los críticos culpan a su administración por un aumento en la deforestación del Amazonas: alcanzó su tasa más alta en 15 años, y las áreas protegidas se vieron particularmente afectadas. El aumento continuo generó críticas internacionales.

Bolsonaro ha prometido no otorgar “un centímetro más” de tierra a los indígenas. Critica a las agencias ambientales federales por su “industria de multas” y a la policía por destruir equipos mineros ilegales durante redadas.

“Ha inducido a la gente a violar las leyes ambientales, enviando el mensaje de que todo será perdonado, que habrá amnistías”, dijo Philip Fearnside, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Amazónicas de Brasil, una agencia pública. “Esto es algo que continuará durante mucho tiempo”.

Bolsonaro, hijo de un buscador de oro, ha instalado a numerosos militares anteriores y actuales con escasa experiencia en altos cargos como funcionarios ambientales, en la agencia de asuntos indígenas y el instituto que administra las áreas protegidas.