Planteó a esa Comisión que reconsidere su rechazo a la supresión de la obligatoriedad que la ley electoral impone a la JCE de arbitrar y reglamentar las primarias de los partidos políticos.
La Junta considera que el papel del órgano de administración electoral debe limitarse a supervisar esos eventos internos de las organizaciones políticas y darle apoyo logístico.
También pidió reconsiderar el rechazo de la comisión a reformar otros aspectos de la ley electoral, concernientes a los topes de gastos de campaña, presentación de informes y sanciones, organización de los debates a nivel presidencial, listas cerradas y bloqueadas en el nivel de regidurías, alianzas y coaliciones, el criterio de paridad y sobre los plazos.
El planteamiento está contenido en un informe remitido a la comisión del Senado, que recoge las observaciones de la JCE a los consensos y disensos arribados en la mesa temática de reforma electoral que auspició el Consejo Económico y Social (CES).
El informe fue remitido el 5 de septiembre por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, al presidente de la comisión especial del Senado de reforma a la ley 15-19 y la ley 33-18, Ricardo de los Santos Polanco, y demás integrantes,
La JCE sometió sus observaciones a fin de que sean valoradas, atendiendo a una comunicación que le envió el presidente de la comisión especial del Senado, el 25 de agosto.
En la comunicación, el presidente de la JCE solicita al senador de los Santos Polanco que la Comisión que dirige sostenga un encuentro con el Pleno de la institución electoral, a fin de socializar cualquier aspecto que sea necesario profundizar.
El informe con las sugerencias y recomendaciones de la Junta fue elaborado por la comisión especial de propuesta de reforma y actualización de la ley electoral y de partidos, que coordina el miembro titular, Samir Chami Isa.
En el documento, la entidad estima adecuado para el proceso de reforma que la Comisión especial del Senado pueda reevaluar los aspectos que han indicado, en el marco de su soberanía, como Poder del Estado y en ejercicio de la facultad de configuración legislativa que posee.
“Finalmente, la Junta Central Electoral manifiesta su disposición de seguir colaborando con el Congreso Nacional, a través de las comisiones de acompañamiento que ese Poder del Estado pueda requerir por parte de ese órgano para los trabajos de reforma sobre ambas leyes y según estimen sean necesarias”, establece en el documento.
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