SANTO DOMINGO.- Continúa avanzando el proceso que les sigue el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional a Juan Alexis Medina Sánchez y otros implicados en el entramado de corrupción desvelado por el Ministerio Público mediante la operación Antipulpo, en la audiencia preliminar que se reanudará el próximo viernes 6 de enero de 2023.

Este martes 27 de diciembre, el tribunal continuó escuchando los argumentos a favor de los imputados, con los que las barras de las defensas intentan demeritar las pruebas presentadas por el Ministerio Público y que sustentan la acusación, explicó la procuradora de corte Mirna Ortiz.

“Conocimos la defensa de la empresa R&T, una de las empresas imputadas en este entramado, perteneciente al imputado Fernando Rosa”, detalló Ortiz, directora de Litigación de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

“La audiencia ha sido suspendida para el 6 de enero cuando continuará la defensa de Alexis Medina Sánchez”, añadió la litigante en respuesta a la prensa, a la salida de la sala de audiencias, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde también representaron al Ministerio Público Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán Alberto, José Miguel Marmolejos y Yoneiby González.

Por razones de espacio, el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción, conoce el Caso Antipulpo en fase preliminar en la sala del Segundo Tribunal Colegiado de esta jurisdicción.

Durante esta etapa, el Ministerio Público presenta al tribunal sus pruebas con fines de validación para el juicio y luego cada defensa tiene la oportunidad de rebatir cada evidencia, con el interés de que quede fuera del proceso.

En días anteriores, Ortiz ha resaltado que hasta el momento ninguna de las barras defensoras ha aportado nada significativo que pueda destruir la acusación que tiene el órgano de la persecución penal.

La acusación presentada por el Ministerio Público consta de unas 3,445 páginas.

El proceso por corrupción administrativa se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y la exvicepresidenta del Fonper, Carmen Magalys Medina Sánchez, ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.

También están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.

La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.

Asimismo, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.

El órgano de la persecución penal presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.

Sobre Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.

Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.

Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia, lavado de activos, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.