El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, destacó que noviembre había sido un mes histórico para su país en términos de seguridad. Con una tendencia de “cero homicidios”, en comparación con otros años en los que la nación centroamericana podía ubicarse con un alza en esa materia.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mantiene un estado de excepción desde marzo de 2022.© Reuters / Autor: José Cabezas

“Noviembre de 2022 cierra como el mes más seguro en toda la historia de El Salvador. Si analizamos la tasa de homicidios de noviembre, El Salvador (hace poco el país más peligroso del mundo) tendría 2.5 homicidios anuales por cada 100,000 habitantes”, destacó.

Durante los últimos meses, con especial hincapié en el mes pasado, Bukele ha defendido su estrategia contra las pandillas. El estado de excepción ha sido la ‘bandera’ de una política aplaudida por algunos, pero también cuestionada por organizaciones internacionales que señalan al jefe de Estado de no respetar los derechos humanos.

El gobierno actual les ha salido al paso a las críticas, argumentando que las cifras hablan por sí solas y el número de “bajas” es inferior, si se hace un paralelo con otras naciones. En ese sentido, hace dos semanas la Asamblea Legislativa aprobó otra prórroga para esa medida que rige desde marzo de 2022.

“En la #GuerraContraPandillas no nos detendremos hasta capturar a los terroristas que pretendan esconderse en horas nocturnas en caseríos y cantones de Cuscatlán, San Miguel y Ahuachapán. No permitiremos que sigan robando la tranquilidad de nuestra población honrada”, expresó por su parte la Policía Nacional que ha documentado sus operativos en varias zonas del país.

Siguen los cuestionamientos

Sin embargo, la política vigente sigue bajo el radar y no solamente en la región. El Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas exigió al Estado que adopte decisiones para evitar “detenciones arbitrarias”, poco después de que el presidente anunciara la entrada en vigor de la “Fase 5″ en su plan territorial de lucha contra las pandillas.

En un informe, ese grupo hizo un llamado al Ejecutivo para que vele por los derechos “fundamentales” de los detenidos, así como asegure que el estado de excepción “cumpla con el Derecho Internacional y los Derechos Humanos”. La nueva etapa incluye cercos militares como los dispuestos en la localidad de Comasagua, de 15.000 habitantes, pero esta vez en ciudades y municipios más grandes, detalló La Nación.

De acuerdo con cifras oficiales, se calcula que más de 56.000 supuestos pandilleros han sido arrestados desde que empezó a regir el estado de excepción, una herramienta que permite restringir ciertas libertades. Algunas de las limitaciones son la suspensión de reunión, el aumento en el tiempo máximo de detención (de 72 horas a 15 días) y la eliminación del derecho a no ser intervenido en las comunicaciones.

Expresidente salvadoreño, a juicio

Un juzgado salvadoreño ordenó que el expresidente Mauricio Funes, quien ejerció entre 2009 y 2014 y vive en Nicaragua, enfrente un juicio por supuestamente incumplir sus deberes al pactar una tregua con organizaciones al margen de la ley hace diez años.

“Se ordena que Mauricio Funes enfrente juicio por pactar con pandillas”, anunció el fiscal general, Rodolfo Delgado, sin que se conozca (por ahora) la fecha para el trámite judicial. En 2012, el exmandatario permitió un acuerdo respaldado por la Organización de Estados Americanos (OEA) con el propósito de bajar la tasa de homicidios.

Posteriormente, Funes fue acusado de corrupción y en 2016 partió a Nicaragua, donde obtuvo asilo y después la ciudadanía. A la fecha tiene seis órdenes de captura, la última de estas por dicho pacto.

*Con información de Europa Press y AFP.