Colegio de Abogados denuncia proyecto de Ley Fideicomiso Público representa retroceso en transparencia y lucha contra corrupción en manejo del Patrimonio Público.

Advierte requiere aprobación especial por ser ley orgánica de conformidad con el artículo 212 de la Constitución.

Santo Domingo, República Dominicana.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) depositó en la Cámara de Diputados  formal oposición al proyecto de Ley de Fideicomisos, por considerar que la pieza pretende legalizar la entrega y el despojo irregular del patrimonio público a favor de empresarios.

El presidente del CARD, Miguel Surun Hernández, manifestó que por medio de la iniciativa se busca propiciar la creación de un Estado paralelo, con presupuesto paralelo, manejado en la clandestinidad, cuyas operaciones serían manejadas con total discrecionalidad e impunidad, tal y como se contempla en su artículo 13, que de manera expresa excluye la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas, respecto a las operaciones administrativas de los Fideicomisos Públicos, los cuales serán regidos por el reglamento que creará cada fideicomiso, por cuya violación solo habrá sanción administrativa, no penal, abriendo las puertas a la impunidad y a la corrupción en el manejo del patrimonio y los recursos públicos.

“Este es un proyecto lesivo a los intereses de la Nación, no solo porque legitima la contratación de deudas de manera indiscriminada, sin control ni registro en la Direccion de Deuda Pública, sino porque abre las puertas a la privatización generalizada del patrimonio público, incluyendo Ayuntamientos, Distritos Municipales, Ministerios, Direcciones Generales y Corporaciones Públicas, que contraviene la Constitución de la República, muy especialmente en los artículos 140, 146, 233, 245, 246 y 248”, afirmó el gremialista.

Surun Hernández indicó que con el proyecto se corre el riesgo de la desaparición del Estado y de que todas las entidades públicas estén a favor de empresarios oligarcas, quienes sin recibir el mandato de los dominicanos, tendrán la administración de la cosa pública.

Recordó a los diputados que al tratarse de una ley orgánica regulada por el artículo 112 de la Constitución, para su aprobación se  requiere de las dos terceras partes de los diputados presentes, pues dicho proyecto de fideicomiso público afecta no solamente el régimen económico financiero, sino el presupuesto, la planificación y la inversión pública, por lo que llamó  a los partidos políticos de oposición representados en ese hemiciclo, sin cuyo apoyo no es posible la aprobación de dicho proyecto, a defender el patrimonio público, la transparencia y la institucionalidad de los bienes propiedad del Estado dominicano.

Apuntó que en la actualidad no existe vacío en esa materia, pues los llamados Fideicomisos Públicos son regulados por las leyes 340-06, de Compras y Contrataciones de Bienes; Ley 200-04, sobre Información Pública; Ley 247-12, de Administración Pública; Ley 10-07, de Control Interno del Sector Público, por tratarse de Patrimonio Público y advirtió que con la pieza legislativa se pretende eliminar esa competencia para anular cualquier resquicio de transparencia en la operación.

Denunció que el Gobierno en lugar de recurrir a la Ley 47-20 de Alianza Público Privada, recurre ilegalmente a los Fideicomisos Públicos, pues le permite total discrecionalidad al momento de la contratación, asignación y manejo del patrimonio y fondos públicos.

El presidente del CARD lamentó que lejos de reforzar la protección del patrimonio público y eficientizar los servicios, las actuales autoridades han emprendido una política de entrega de todo el patrimonio del Estado y de todos los servicios, bajo el alegato de su propia ineficiencia para administrarlos honesta y pulcramente.

El jurista agregó que esa política contraviene el artículo 138 de la Constitución, que establece que la Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado.