La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, denunció este martes un plan para atentar contra su vida con un artefacto explosivo que fue desactivado por su esquema de seguridad.

“Integrantes de mi equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de 7 kilos de material explosivo en la vía que conduce a mi residencia familiar”, en el suroeste del país, denunció Márquez, primera afrodescendiente en la vicepresidencia, en su cuenta de Twitter.

El artefacto “fue destruido de manera controlada por personal anti explosivos de la policía” agregó la vicepresidenta, quien describió el hecho como “un nuevo intento de atentar” contra su vida.

En 2019, antes de asumir el cargo, fue atacada con granadas y ráfagas de fusil por su labor como activista ambiental en el departamento de Cauca, donde aún reside y fue plantado el artefacto desactivado esta mañana.

“Se trata de una bolsa plástica cuyo interior contiene sustancia explosiva del alto poder a base de nitrato de amonio, aluminio en polvo y (…) puntillas”, detalla un informe del esquema seguridad de la vicepresidencia divulgado por Márquez.

Los escoltas descubrieron los explosivos tras ser alertados sobre “personas sospechosas” y “elementos extraños” en la vía que conduce a la vereda de Yolombó, en el municipio de Suárez, donde estaba prevista una visita de la vicepresidenta.

“Por las características y ubicación del artefacto (…) se trata de un evidente atentado contra de la señora vicepresidenta”, precisa el parte oficial, que no da información sobre los posibles autores del plan.

Junto al presidente, Gustavo Petro, Márquez integra el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, que busca desactivar el conflicto armado de seis décadas negociando con una amalgama de grupos armados que siguen operando tras el acuerdo que desarmó la poderosa guerrilla FARC en 2017.

Su antecesor, el conservador Iván Duque, fue objeto de un atentado en junio de 2021, cuando desconocidos dispararon ráfagas de fusil contra el helicóptero en el que viajaba.

– “Varios ataques” –

“Condenamos el que se haya querido atentar contra la vida de la Vicepresidenta (..) una defensora de derechos humanos reconocida, víctima de varios ataques por su labor”, expresó en Twitter la Representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero.

Petro y Márquez adelantaron su campaña en medio de fuertes medidas de seguridad, en un país lastrado por los asesinatos políticos. Cinco presidenciables fueron asesinados durante el siglo XX.

A finales de mayo del año pasado, en vísperas de la primera vuelta presidencial, la entonces candidata fue señalada con un láser durante un acto público de campaña y su equipo de seguridad saltó a la tarima para rodearla con escudos blindados.

Un joven de 18 años se entregó a las autoridades y explicó que le apuntó a Márquez con un láser que compró en Internet.

En agosto, pocos días después de que Petro asumiera el poder, un vehículo de la avanzada presidencial fue atacado con disparos mientras se desplazaba por una carretera en el noreste del país.

La vicepresidenta también ha recibido una cascada de insultos racistas desde que asumió el cargo.

En septiembre del año pasado la fiscalía abrió una investigación a una mujer que llamó a Márquez “simio” durante una manifestación de opositores.

Nacida en una familia pobre, Márquez fue madre soltera a los 16 años, huyó de su tierra amenazada de muerte y estudió Derecho antes de abrirse paso en la política.

– Región convulsa –

El explosivo fue encontrado en uno de los departamentos más violentos de Colombia.

Rebeldes ex-FARC disidentes del pacto de paz y guerrilleros del ELN –la última insurgencia reconocida del país– se disputan las rentas del narcotráfico en Cauca, donde abundan los sembradíos de coca.

Los disidentes forman parte del cese al fuego bilateral de seis meses proclamado por Petro en la víspera de año nuevo.

El anuncio de tregua incluyó en un primer momento al ELN, pero los rebeldes desmintieron al gobierno la semana pasada, alegando que el cese al fuego no fue pactado en la mesa de negociaciones que sostienen con delegados del ejecutivo.

En respuesta, el gobierno ordenó retomar la persecución contra los 3.500 guerrilleros de organización.