Por: Abogada, Evelyn Torres

El inicio del presente año ha sido marcado por la ocurrencia de incidentes en los que algunos ciudadanos han resultado heridos o en el peor de los casos han perdido la vida, siendo uno de los más recientes el ocurrido en la ciudad de Santiago en el que la víctima fue un menor de edad.

Cada uno de estos hechos tiene como factor común la actitud violenta por parte de una de las personas envueltas en el mismo, dejando al descubierto la necesaria atención a conductas  que, al parecer, se han vuelto cotidianas en una parte de la población  y que generan una especie  de inseguridad en el resto de la ciudadanía.

La respuesta estatal a los hechos violentos por lo general es reactiva sin importar que se trate de una agresión en un semáforo de cualquier ciudad, de un altercado o un hecho criminal, el estado no discrimina solo persigue y castiga dejando de lado la posibilidad de que, el atacante precise una atención distinta o padezca  de alguna turbación mental que requiera atención.

Es bueno indicar que, hoy en día y como consecuencia post pandemia algunos  trastornos mentales  como la ansiedad y depresión se han incrementado y sus diferentes manifestaciones ocupan altos niveles en las estadísticas mundiales.

La salud mental que según la OMS es un estado de completo bienestar,-físico, mental y social-, y no la simple ausencia de enfermedad, ocupa hoy en día un lugar relevante en la vida de las personas, concepto  que diversas leyes, incluyendo la nuestra, abordan desde un pusto de vista integral reconociendo la necesidad de asistencia en esta área de la salud.

En el caso del estado dominicano la ley 42-01Ley General de Salud en el párrafo de su artículo 89 reconoce la necesidad de potenciar los servicios necesarios para que las personas con enfermendades mentales y trastornos de conducta reciban atención, colocándola en un plano de igualdad con la salud física.

Por su lado la ley 12-06 sobre salud mental surge para regular el derecho a una mejor atención en materia de salud mental  considerándola como  una parte integral del bienestar físico, psicológico y social que amerita la elaboración de políticas de Estado eficaces que de manera igualitaria garantice el acceso a este tipo de atención.