República Dominicana, donde rige una prohibición total de la interrupción del embarazo, no puede seguir posponiendo el tema del aborto, afirmó este miércoles la ministra dominicana de la Mujer, Mayra Jiménez.

Al intervenir en la entrega de la medalla al mérito a representantes femeninas con ocasión del Día Internacional de la Mujer, Jiménez subrayó la necesidad de la aprobación de un Código Penal «garante de los derechos humanos», pues no «se puede seguir posponiendo el sagrado derecho de las mujeres a la vida y la salud».

Grupos defensores de los derechos de la mujer exigen que el nuevo Código Penal que se tramita incluya en su articulado el aborto cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando el embarazo sea causado por violación o incesto y si el feto tiene malformaciones que lo hacen incompatible con la vida, una demanda que está lejos de lograrse.

Recientemente, los senadores aprobaron la propuesta de Código Penal sin incluir el aborto en las tres situaciones que reclaman grupos feministas y otros sectores de República Dominicana, uno de los seis países de América que mantienen una prohibición total de la interrupción del embarazo junto con El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam.

En su discurso, en presencia del presidente dominicano, Luis Abinader, y otras autoridades, la ministra también reclamó la aprobación del proyecto de ley integral para afrontar la violencia machista que aglutinará todas las acciones de prevención contra las agresiones y todos los tipos penales para castigar a los responsables de ellos.

Los derechos de las mujeres «están en permanente amenaza como resultado de la cultura machista, la pandemia, de la guerra y el cambio climático», señaló Jiménez, quien subrayó: «Enfrentamos el reto de no retroceder en las conquistas obtenidas y seguir consolidando las mismas».

República Dominicana es uno de los países de Latinoamérica con una de las mayores tasas de feminicidios (2,7 por cada 100.000 habitantes) y de embarazos en adolescentes.

Ante esta situación, el Gobierno dominicano presentó el martes la estrategia Violencia Intrafamiliar y Acceso que, con el apoyo de Naciones Unidas, se establecerá primero en los siete municipios de la provincia de Santo Domingo, donde se registran los mayores índices de feminicidios, para luego extenderse a todo el país.

Este plan pretende una mayor integración de los actores responsables de proteger a la mujer (Policía Nacional, Ministerio Público, Congreso Nacional y Ministerio de la Mujer, entre otras instituciones) y busca fortalecer la lucha contra los feminicidios y mejorar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia intrafamiliar y de género.