Joseph, que tiene prohibido ingresar a la República Dominicana por órdenes de Abinader desde septiembre pasado, también reclamó sanciones para los expresidentes dominicanos Hipólito Mejía y Leonel Fernández, así como para el actual canciller Roberto Álvarez y el director de Migración de ese país, Venacio Alcántara.
Además, para varios legisladores, entre ellos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, así como para empresarios y políticos condenados o imputados por corrupción.
En una carta dirigida al Consejo de Ministros, Joseph, un fuerte crítico de la política migratoria de Abinader, basó su petición en la “amenaza a la seguridad nacional de Haití, a la paz y a la seguridad de la isla y de toda la región” que, a su juicio, representa este grupo de dominicanos.
Pero también, afirmó, por “la corrupción a gran escala, blanqueo de dinero, malversación de fondos públicos y desfalco».
Las otras razones son “las deportaciones masivas, inhumanas e indiscriminadas de haitianos, falta de reconocimiento del derecho a la nacionalidad en territorio dominicano y violaciones sistemáticas de los derechos de los migrantes haitianos” en la República Dominicana, que comparte con Haití la isla La Española.
El presidente dominicano ordenó el pasado 16 de abril impedir el ingreso a su país de varios políticos haitianos, entre estos los ex primeros ministros Laurent Lamonthe y Evans Paul, y el exsenador Youri Latortue, con el interés de “proteger la seguridad” de los habitantes de República Dominicana.
Abinader también dispuso la misma medida contra haitianos considerados líderes o miembros de las poderosas bandas que azotan el país fronterizo, de acuerdo a “informaciones de inteligencia” del Gobierno dominicano.
El mandatario dijo que tomó la decisión apegado a la Constitución dominicana que le faculta a prohibir, cuando resulte conveniente al interés público, la entrada de extranjeros al territorio nacional.
Además, en cumplimiento de la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que impone un conjunto de sanciones aplicadas a ciudadanos haitianos relacionados con la situación de violencia e inseguridad en Haití.
Estados Unidos y Canadá ha impuesto sanciones a varios políticos haitianos, entre los cuales figuran la mayoría de los que Abinader ordenó impedir su entrada a República Dominicana.
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