Santo Domingo Este. –Los directivos de la empresa de Colchoneria Fama denunciaron que son víctimas de acciones atropellantes y violatorias a las normas jurídicas del país, por parte de la Constructora Cogusa, contratista del Ministerio de Obras Públicas (MOPC).

Las hermanas Amel y Laila Atie, gerentes de la fábrica de colchones Fama, dijeron que, en horas de la madrugada de este viernes 19 de mayo, equipos pesados de la constructora Cogusa, se presentaron a su propiedad derivando la pared de protección de su fábrica de colcha espuma, a horas de que sea conocido un recurso de amparo en los tribunales competentes.
“Hoy se presentó un contingente militar del MOPC, invadiendo el terreno y ejecutar una expropiación ilegal, ya que se han negado a pagar el precio justo, situación que ha paralizado las labores en la planta”, dijo Amel Atie.

Explicó que dicha constructora con el apoyo de las autoridades está tomando acciones arbitrarias, por encima de la ley de manera forzosa y en contra a los establecido en la constitución sobre el pago de un justiprecio al cual se han negado.

Mientras que Laila Atie, manifestó que la intervención ilegal de su propiedad se realiza a horas de que se conozca una audiencia de amparo, que busca evitar arbitrariedades y desafueros como el que ya han realizado.

“Hoy a las 10 de la mañana teníamos una audiencia de recurso de amparo ante el tribunal superior administrativo, para precisamente evitar que tomaran este tipo acción ilegal y atropellante”, dijo Laila Atie.

Dijeron que desde el año pasado el sector productivo y los residentes de San Isidro, municipio de Santo Domingo Este, han venido sufriendo de manera continua e incesante múltiples violaciones a sus derechos de propiedad y de libertad de empresa, debido a las actuaciones MOPC y su contratista, la empresa Cogusa.

“Han ingresado a las propiedades, impedido el acceso del público y paralizado toda la actividad comercial, muy a pesar de que a la fecha no se ha completado un procedimiento de expropiación según lo requerido por la Constitución (art. 51) y lo expresado por el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia TC/182/20, que exigen el previo pago del justo valor de las propiedades para asumir su control”, expresaron.

Explicaron que los accionantes ilegales, han omitido todos los reclamos e intento de acercamiento de los comunitarios del sector, convirtiendo los espacios colindantes a la autopista de San Isidro en un auténtico caos, dejando saltar a la vista la ausencia de planificación administrativa y, lo que es peor, la desconsideración hacia los ciudadanos y comerciantes.