El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, anunció ayer que ese ente ha puesto en marcha una investigación sobre el fraude a la empresa Costa Dorada, asegurando que después haya agotado el debido proceso dará a conocer los resultados.

“Las denuncias de que una red se apropió fraudulentamente de las acciones de la compañía Costa Dorada y con ello de un terreno costero en Baní de más de 6,3 millones de metros cuadrados, han generado preocupación sobre la seguridad jurídica en el país en el liderazgo nacional”, apunta el Defensor en una declaración.

Las familias Mayol y Serrano denunciaron que para usurpar su propiedad, una organización mafiosa, integrada por abogados, contadores y militares, falsificó cientos de documentos, entre ellos contratos de venta de acciones, actas de asambleas, estados financieros y declaraciones juradas.