Nueva York, 27 dic (EFE).- El alcalde de Nueva York, Eric Adams, emitió este miércoles una orden ejecutiva que exige que todos los autobuses chárter con inmigrantes enviados desde otros estados notifiquen a la ciudad con 32 horas de antelación para garantizar que cuenta con suficiente personal, y advirtió que de no hacerlo se considerará un delito menor.

Esta orden ejecutiva traería posibles multas, demandas, e incluso la confiscación de los vehículos.

La orden limita la llegada de inmigrantes de lunes a viernes entre 8:30 hora local y 12:00 hora local (13:30 GMT – 17:00 GMT), y los buses deben dejar a los pasajeros en un lugar específico, a menos que la Oficina de Manejo de Emergencias de la ciudad indique lo contrario, indicó Adams durante una conferencia de prensa junto a los alcaldes de Chicago, Brandon Johnson y de Denver, Mike Johnston.

El alcalde Johnson indicó por su parte que hace más de un mes pusieron en marcha una ordenanza similar a la de Nueva York mientras que el de Denver, Johnston, también comenzó con las regulaciones y evalúa pedir al Concejo municipal ampliar las sanciones.

Adams ha dicho que la llegada de más de 150.000 inmigrantes desde abril de 2022, de los que 68.000 están bajo cuidado de la ciudad, ha creado una crisis fiscal que llevará a que para mediados del 2025 se hayan gastado 12.000 millones de dólares en servicios para éstos, lo que incluye albergue, comidas, educación para los niños y otro tipo de asistencia, sin que haya llegado la ayuda que ha reclamado del Gobierno federal.

En la primavera de 2022, el gobernador de Texas, Greg Abbott, comenzó a enviar autobuses con inmigrantes a ciudades con alcaldes demócratas, primero Washington y luego a Nueva York, para, según el republicano, repartir la carga migratoria que afronta su estado por las políticas de la Administración del presidente Joe Biden.

También ha enviado inmigrantes a Boston (Massachusetts), a Denver (Colorado), Filadelfia (Pensilvania) y Los Ángeles (California).

Otros inmigrantes han llegado a Nueva York por cuenta propia desde diversos estados a los que la ciudad está obligada a dar albergue si lo solicitan, debido a un mandato emitido por un tribunal hace 42 años, que el alcalde Adams pidió fuera dejado sin efecto alegando la crisis financiera.

Debido a que no ha habido una respuesta de la corte -el caso está aún debatiéndose- y a que continúa el flujo de miles de inmigrantes a la ciudad, las autoridades se vieron obligadas a convertir hoteles en albergues y levantar carpas.

Además, se ha limitado a 30 días el tiempo de los solteros para buscar un lugar donde vivir y a 60 días para las familias con niños, lo que ha sido ampliamente criticado, en particular por el impacto que tendrá en los menores, según defensores de los inmigrantes.

Adams también ha recortado presupuesto a las agencias de la ciudad, a lo que hoy se ha sumado la orden ejecutiva.

Los tres alcaldes reiteraron sus críticas al Gobierno federal por no proporcionarles la ayuda económica que han pedido y no atender un problema migratorio que entienden es nacional, y no debe ser resuelto exclusivamente por las ciudades.

El anuncio se produce cuando una nueva caravana de migrantes con miles de personas va camino de la frontera sur del país, y mientras el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se encuentra en México para tratar precisamente el problema de la migración irregular con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.